Existen diferencias considerables entre el borrador de decreto con el que contestó el Gobierno y el proyecto presentado por la Asamblea de Parlamentarios de Galicia para regular el régimen transitorio de la autonomía gallega. Según el texto de dicho borrador, que pudo ser consultado ayer por EL PAIS las principales diferencias se refieren al uso de la bandera gallega, a la cooficialidad del idioma y a la institucionalización de la Asamblea, temas que ni siquiera aparecen recogidos en la contestación gubernamental.El recorte del Gobierno a las peticiones planteadas hace poco más de un mes por los parlamentarios, gallegos es más que sensible. Es bien cierto que se regula en el anteproyecto la existencia de la Junta de Galicia, que estaría compuesta por representantes de las cuatro provincias mediante una legislación que aparece poco clara dentro de la farragosa redacción que con tiene el borrador, que, por otra parte, deja en blanco el artículo sexto, que hace referencia al presidente de la Junta y algunos otros apartados. Pero no es menos cierto que faltan en el borrador puntos que los parlamentarios gallegos habían dejado más que claros.
El borrador del Gobierno tiene diez artículos, dos disposiciones finales y una disposición transitoria. Otro aspecto en el que tampoco concuerda con las peticiones parlamentarias de Galicia es el que se refiere a las competencias atribuidas a la Junta, que son, en el borrador, las de elaborar y aprobar las normas de un régimen interior, integrar y coordinar las actuaciones y funciones de las diputaciones provinciales, gestionar y administrar las funciones y servicios que les transfiera la Administración del Estado y proponer al Gobierno cuantas medidas afecten a los intereses gallegos.
El Gobierno se reserva bien claramente (artículos ocho y nueve) el control de la preautonomía, atribuyéndose poderes de suspender los acuerdos de la Junta según la legislación vigente y disolviendo, por razones de seguridad del Estado, los órganos de la misma.
Queda por saber si el Gobierno, al dejar en blanco el apartado del presidente, entiende que se puede negociar este artículo (el número seis) con los representantes gallegos. Es bien sabido que, incluso desde el partido gubernamental, se ha opinado que la presidencia de la Junta de Galicia podría recaer en caso necesario sobre una persona que no pertenezca al Parlamento.
La impresión, por otra parte, es que la comisión negociadora por parte gallega va a contestar al borrador del Gobierno modificando en parte sus peticiones anteriores, pero no en lo fundamental. Se pedirán funciones de mayor responsabilidad para la Junta de las ofrecidas por el borrador, tales como el control de la Administración local y la capacidad de legislar por decreto en las cuestiones que le sean transferidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de diciembre de 1977