La sección primera del Tribunal de Defensa de la Competencia ha dirigido un escrito a dieciocho empresas madrileñas de distribución y comercialización de electrodomésticos, para que cesen en las prácticas restrictivas de la competencia, que se les ha comprobado.La sentencia de intimidación, tal como denomina el propio tribunal su acto, atribuye a las dieciocho empresas haber tomado el acuerdo de impedir la venta al público de sus productos a precios inferiores a los fijados, en un comité.
Para ello, establecieron una red de vigilancia que utilizaba compradores fingidos, para descubrir a los detallistas que incumplían sus acuerdos. A estos comerciantes detallistas se les imponían sanciones, con la advertencia de que se les retiraría el suministro en caso de impago.
Las numerosas inspecciones que han dado lugar a la sentencia las originó una denuncia formulada el 25 de octubre de 1978 por «un grupo de pequeños comerciantes, pero honrados».
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de marzo de 1980