La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dictaminó ayer el informe de la ponencia sobre una proposición de ley de la Minoría Catalana de actualización del estatuto general de la abogacía española, informa Europa Press.De acuerdo con el texto aprobado, «todo letrado incorporado a cualquier colegio de abogados de España podrá actuar en todos los recursos de que sean susceptibles los asuntos que dirigió, en cualquier instancia, ante cualquier tribunal o juzgado, incluso ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, sin que para ello tenga necesidad de incorporarse a los colegios donde radiquen los tribunales, ante los que dichos recursos, actuaciones o reclamaciones se sustancien».
«Para las actuaciones antedichas», añade la proposición, «el letrado, previa acreditación de su pertenencia al colegio de origen y de su intervención en el proceso, deberá comunicarlo al decano del colegio receptor, que le habilitará para actuar como colegiado, a todos los efectos, en el asunto concreto y, en consecuencia, quedará acogido a la protección y sujeto a la disciplina del colegio, que llevará un registro de estas habilitaciones. No necesitará abonar cuota de incorporación y solamente podrá ejercitar derechos políticos en el colegio de origen.»
También se dice en la proposición que «el Consejo General de la Abogacía desarrollará en el estatuto general las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley».
Con anterioridad, el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, contestó a una pregunta de Pablo Castellanos, del Grupo Socialista, sobre la existencia de las jurisdicciones de Trabajo. Cavero señaló que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución, el Gobierno remitió ayer al Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica del poder judicial, en el que se produce la desaparición de las jurisdicciones especiales. «La solución», dijo, «está en esta ley orgánica.»
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de marzo de 1980