Después de ocho meses de virtual paralización, el proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla contra un grupo de personas acusadas de la presunta realización de prácticas abortivas ha sido relanzado, al haberse remitido a varias decenas de mujeres de toda España citaciones para declarar ante sus respectivos juzgados si han abortado o no en el centro de planificación familiar Los Naranjos, que dirigían los procesados.Quince diputados italianos figuran entre los 6.000 firmantes de un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en solidaridad con los procesados. Organizaciones feministas de una decena de países han suscrito documentos semejantes.
El origen de este caso fue el descubrimiento por la policía, en el mes de octubre de 1980, de un centro de planificación que venía funcionando en pleno centro de Sevilla, a pocos metros de la catedral y del palacio arzobispal. A partir de entonces fueron detenidas veinticuatro personas supuestamente implicadas en abortos. El posterior procesamiento de estas personas dio lugar a un amplio movimiento de solidaridad en varias provincias.
A finales de enero de 1981 habían sido llamadas a declarar 32 mujeres, de las que la gran mayoría se negaron a hacerlo y argumentaron que el tema pertenecía a su más estricta intimidad. No obstante, al menos una, María Josefa Barco, casada y con dos hijos, confesó haber abortado gracias a los servicios del citado centro. Posteriormente, el 9 de febrero, fueron entregadas en el juzgado 26.249 firmas de hombres y mujeres de toda España -la mayoría autentificadas ante notario-, que aseguraban haber abortado personalmente o colaborado en la realización de abortos, y se solidarizaban con los procesados.
Esta iniciativa solidaria fue contestada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 con la advertencia de que estaba dispuesto a abrir un sumario a los 26.249 firmantes del documento autoinculpatorio. Es ahora cuando el problema parece adquirir esta dimensión, al haber recibido citaciones de este juzgado mujeres de Sevilla, Huelva, Granada, Cádiz, Cáceres y Navarra, que deberán declarar en sus respectivos juzgados si abortaron o no en el centro Los Naranjos.
A raíz de que la policía entrara en el citado centro se provocó una crisis en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, Luis Uruñuela, del PSA, destituyó al concejal delegado de Sanidad, el comunista José Villa, quien declaró, ante el cierre de los centros de planificación familiar decretado entonces, que la primera autoridad municipal conocía con anterioridad el funcionamiento de estos centros y las actividades que en ellos se realizaban. La destitución de Villa provocó la ocupación del Ayuntamiento por parte de más de cien mujeres, que protestaron por su cese.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de octubre de 1981