Dos años después del cierre del periódico Informaciones, de Madrid, sigue sin resolverse la situación laboral de su plantilla. La cabecera del diarlo, cuyo embargo pidieron en su día los trabajadores, ha pasado a manos de un grupo financiero, entre cuyos miembros figura el abogado Pérez Escolar, sin que aquéllos percibieran nada del millón y medio de pesetas en que, al parecer, se vendió.Fue el juzgado encargado del asunto Informaciones quien la entregó al procurador de la intervención, Carlos Ibáñez de la Cardeñere, como pago legal de los gastos que el proceso ocasionaba y por los haberes que Sebastián Auger, entonces propietario del diario, le adeudaba; el procurador la vendió posteriormente al grupo financiero.
Esta fue la información que facilitó ayer el comité de empresa del desaparecido Informaciones a la casi totalidad de su plantilla, reunida en asamblea en un local sindical madrileño. Se supo también que sólo un reducido grupo de sus trabajadores había cobrado la indemnización. Aquel precisamente que acudió al llamamiento del señor Auger y, en contra de la voluntad de sus compañeros, sacó por algunos meses el periódico a la calle, tras su cierre en febrero como consecuencia de la huelga decidida por el impago de cuatro meses de salarios.
Pendiente el cobro de indemnizaciones
El proceso seguido por este grupo, a través de la Magistratura y no del Ministerio de Trabajo, como está haciendo el resto de la plantilla, le ha permitido recibir indemnizaciones de 45 días de haberes por año trabajado, en lugar de los veinte en que se han fijado las de los demás.Estos últimos prefirieron la vía del Ministerio en un deseo de continuidad de Informaciones en su línea tradicional, que comprendía una regulación de empleo que, al no ser ni tan siquiera posible por la desaparición definitiva del diario, les ha llevado a la situación actual: sin trabajo, sin indemnización y sin tan siquiera el cobro de los cuatro salarios que Sebastián Auger les debe.
Entre las conclusiones que el comité decidió en la asamblea figura la agilización de los trámites para el cobro de las indemnizaciones (que los más optimistas fijan en seis meses, y los más pesimistas, en tres años) y la entrevista con el grupo financiero que tiene la propiedad de Informaciones para conocer sus intenciones, ya que se afirma que tiene pensado volverlo a sacar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de febrero de 1982