Desde el mes de enero hasta el 31 de octubre de 1982, el número de trabajadores en paro no protegidos -es decir que no tienen ningún tipo de cobertura- ha sufrido un incremento cercano al 60%, pasando de 229.786 personas a las 464.378, según datos del Instituto Nacional de Empleo (INEM). En estas cifras no están incluidos los que buscan primer empleo que a 31 de octubre pasado alcanzaban la cifra de 500.624. Los datos han despertado la alarma en este organismo que se encuentra investigando la situación de ese casi medio millón de trabajadores que, en teoría, no perciben ningún tipo de ingresos.
En el mismo período de tiempo, y siempre de acuerdo con los datos del organismo citado, se ha producido una caída en la cobertura económica de desempleo. Durante los diez primeros meses del año, el número de trabajadores que recibían alguna prestación económica ha pasado de 758.242 en enero a 620.877. Paralelamente se ha dado un incremento del colectivo de trabajadores semiprotegidos; es decir, los que tienen derecho a la cartilla medico-farmacéutica.
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La caída en la cobertura se debe, según distintas fuentes, a la aplicación progresiva de la Ley Básica de Empleo, que sustituyó a la Ley de la Seguridad Social y que ha recortado considerablemente los períodos de protección.
Fomento del empleo
En 1982 se destinarán a cubrir el desempleo alrededor de 462.000 millones. De ellos, 299.000 millones son prestaciones en mano, y el resto corresponde al pago de cuotas a la Seguridad Social y otras cantidades destinadas a las bonificaciones establecidas en los distintos programas de fomento de empleo.El anuncio hecho por el PSOE de abordar urgentemente la reforma de la Ley Básica de Empleo, adquiere a la luz de los datos suministrados por el INEM nueva importancia. Algunos medios sindicales han calculado que una reforma de la Ley Básica de Empleo que garantice una amplia cobertura a los parados situaría en torno a los 600.000 millones las cifras que habría que destinar a este objetivo.
Según han señalado en medios de la Administración saliente, las intenciones del PSOE en este sentido, hacen necesario conocer cuál es la situación de los 464.000 trabajadores que, en teoría, no tienen ningún ingreso. A juicio de las citadas fuentes, en este colectivo pueden encontrarse desde parados que han agotado sus prestaciones y que realmente carecen de cualquier ayuda, a trabajadores que desarrollan su actividad en la economía sumergida.
Aunque aún no se han hecho públicas las cifras de paro registrado correspondientes al mes de noviembre, las primeras estimaciones las sitúan por encima de los dos millones. En enero el paro registrado era de 1.768.583, pasando a 1.967.257 en el mes de octubre, mes en el que se dio el mayor salto -100.000 personas- con respecto al mes anterior. A partir del mes de junio el paro registrado ha venido aumentando, quebrándose la tendencia registrada en meses anteriores, en los que se había dado una disminución del mismo.
Este aumento, según distintas fuentes, podría deberse a varios factores. Por un lado, a la puesta en marcha de los contratos bonificados que exigen que el trabajador empleado esté inscrito en las oficinas de empleo. Sin embargo, aunque en medios empresariales no negaron que esa pudiera ser la causa, matizaron que no se había producido una contratación masiva que justificara estas afirmaciones.
Otras opiniones se inclinan por la teoría de que las expectativas despertadas por el programa socialista ha llevado a los parados a inscribirse en las oficinas de empleo. En este sentido, destacaron que, sobre todo, se había dado un incremento en los que buscan primer, empleo y que son los que normalmente no cubren ese requisito por entender que ello no solucionará su situación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de diciembre de 1982