El Gobierno británico actuó de acuerdo con la ley al prohibir la sindicación de los trabajadores del centro de escucha e información ultrasecreto de Cheltenham, según una decisión de un tribunal de apelación hecha pública ayer en Londres. El 16 de julio, otro tribunal declaró ilegal la decisión del Gabinete de Margaret Thatcher, al considerar que éste no había respetado las "reglas de la justicia natural" al no consultar a los sindicatos antes de prohibirlos.El tribunal de apelación ha estimado ahora que los jueces no tienen poder para rechazar las decisiones del Gobierno en materia de seguridad nacional y que en el caso de Cheltenham estas razones de seguridad han estado muy claras.
Los sindicatos de funcionarios han anunciado ya que presentarán un recurso ante la Cámara de los Lores, la más alta instancia judicial del país, e incluso, si es necesario, ante el Tribunal Europeo de Justicia.
A pesar del malestar que la medida despertó en los medios sindicales e incluso en la opinión pública, el Gobierno siguió adelante con su proyecto de prohibir los sindicatos en Cheltenham por motivos de seguridad, afirmando que el funcionamiento del centro había sido ya perturbado por huelgas, a pesar de que las informaciones que se manejan son consideradas como vitales tanto para el Reino Unido como para la OTAN.
Según el Gobierno, del 80% al 85% de los casi 7.000 empleados del centro aceptaron el pasado 1 de marzo la oferta de renunciar, a, sus derechos sindicales a cambio de unas prima de unas 215.000 pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de agosto de 1984