El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, remitió ayer a los juzgados de Barcelona el informe de Autopistas Concesionaria Española:, SA (ACESA), concesionaria de las autopistas catalanas, para que se investiguen posibles irregulariades. La documentación fue remitida a primera hora de la tarde de ayer al Juzgado Decano de Barcelona, que lo adjudicará al Juzgado que le corresponda por reparto.La investigación judicial se centrará en la posible desviación de unos 330 millones de pesetas a destinos desconocidos durante los años 1979 a 1983, bajo la presidencia de José María González Vallés, en paradero desconocido.
La desviación de fondos, cifrada en 330 millones de pesetas, fue detectada por los nuevos responsables de la sociedad, nombrados por el Fondo de Garantía de Depósitos al convertirse en accionista mayoritario de la empresa en abril de 1982.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 1985