El Consejo de Ministros retiró el pasado día 4 de febrero su proyecto de ley sobre normativa publicitaria, según fuentes de la CEOE. Para esta patronal, el motivo principal de la retirada era la posibilidad de que se pudieran ejercer acciones judiciales penales por procedimiento de urgencia contra las actividades de competencia desleal o ataques a la veracidad informativa en la publicidad.
Hay una fórmula alternativa a la redacción inicial del proyecto, con posibilidades de prosperar, que prevé la creación de una comisión mixta judicial-administrativa que contemplaría este tipo de contenciosos.Actualmente, quienes consideran lesionados sus intereses a causa de la publicidad sólo tienen la posibilidad de entablar un recurso contencioso administrativo, un procedimiento extraordinariamente lento que resuelve los casos cuando el daño producido es ya irreparable, fuera de los ciclos normales de una campaña publicitaria.
Las repercusiones económicas de la publicidad y la información fueron tratadas ayer en una reunión convocada por la Asociación de Industrias de Alimentación y Bebidas de Cataluña. Esta asociación celebra reuniones periódicas con los medios informativos, la Administración catalana y las asociaciones de consumidores, en un afán de política de puertas abiertas.
Presidió la reunión el conseller catalán de Comercio, Turismo y Consumo, Narcís Oliveras, que resaltó la utilidad de estos encuentros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de febrero de 1986