LAS COMPARECENCIAS que se inician esta semana, ante la comisión conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes norteamericanos, sobre los envíos de armas a Irán y las ayudas ilegales a la contra nicaragüense van a someter la credibilidad del presidente Reagan a una nueva prueba. Cuando en el otoño pasado estalló el escándalo al que muy pronto se puso el nombre de Irangate, Ronald Reagan negó los hechos y dijo que no sabía nada, luego tuvo que ir asumiendo grados crecientes de responsabílidad, en conductas cuyo carácter delictivo aparecía cada vez más irrebatible. Cuando la comisión Tower, que él mismo había designado, hizo público un informe con graves acusaciones sobre el total desbarajuste de la Casa Blanca y la actitud irresponsable del presidente en la solución de problemas decisivos para EE UU, Reagan tuvo que reconocer esos hechos. Le salvó la circunstancia de que la comisión admitiese su posible ignorancia en cuanto al envío de fondos a la contra. Hace 14 años, el Watergate dio lugar a una investigación del Congreso semejante a la que ahora se inicia. Ambos casos tienen un rasgo común: la necesidad de descubrir hasta qué punto un presidente ha incumplido sus deberes constitucionales y ha mentido para encubrir su culpabilidad. Pero existen a la vez diferencias notables: con los envíos de armas a Irán -y las operaciones derivadas de ello- han sido afectados aspectos esenciales de la política exterior de EE UU y ha sufrido gravemente la credibilidad de la palabra de este país en el mundo. En la nueva etapa de investigaciones de la comisión del Congreso, los focos se dirigirán en especial hacia las zonas de duda o de oscuridad.
La opinión de que el presidente sabía bastante más de lo que ha reconocido hasta ahora. está muy extendida. El fiscal especial Lawrence Walsh, encargado de las acciones judiciales que se desprendan del escándalo del Irangate ha dictado su primera orden de procesarmiento por violación de leyes penales. Se trata de un delito de defraudación de impuestos, cometido en la forma utilizada para recoger las ayudas para la contra. El hecho ha sido confesado por un activista de extrema derecha, Carl Channell, pero éste trabajaba en relación con el coronel North, nuembro entonces del Consejo de Seguridad, y el propio Reagan recibía a los donantes para agradecerles sus donativos. Ayudar a la contra cuando el Congreso lo había prohibido era contrario a los deberes constitucionales, pero si esa operación ha dado lugar a defraudaciones fiscales sería un delito común.
Tales son los nuevos niveles en los que se adentra el escándalo del Irangate al abrirse las sesiones públicas de la comisión del Congreso. Sin embargo y a pesar de la espada de Damocles que Reagan tiene sobre su cabeza, es probable que los efectos de las investigaciones en el Congreso no lo lleven a un destino como el que conoció Nixon. La carrera para la próximas elecciones presidenciales está ya en marcha. A los demócratas les viene bien el hundimiento del mito Reagan, los republicanos tienen que esforzarse por distanciarse de él. Pero nadie quiere pasar a más. Ni nadie parece interesado en empujar hacia una destitución cuyos efectos serían desastrosos para el país.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de mayo de 1987