El presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, manifestó ayer que "se está ventilando nada menos que el derecho constitucional de los ciudadanos de este país a ser defendidos libremente por su abogado". Pedrol, que no quiso hacer, descalificaciones globales de la magistratura, reprochó la decisión judicial, ya que "en ningún caso era lógico" dijo, "imponer al abogado la prisión incondicional, porque en el peor de los supuestos no se trataba de un asesinato ni nada parecido, ni era previsible que el abogado escapara a la acción de la justicia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de mayo de 1987