La huelga general de 24 horas convocada para hoy por las dos centrales sindicales portuguesas -la CGTP, de orientación comunista, y la UGT, que agrupa a socialistas, socialdemócratas y democristianos- coloca al Gobierno del socialdemócrata Aníbal Cavaco Silva ante la mayor protesta laboral de los últimos dos años en Portugal.Es la primera vez que las dos centrales sindicales aceptan luchar codo a codo, aunque no juntas, contra el proyecto de revisión de la legislación laboral centrado en la liberalización del despido y la generalización del empleo temporal para los jóvenes de menos de 25 años. Cerca de 200 sindicatos, que afirman representar más de dos millones de trabajadores portugueses, se han unido al movimiento que partió de una inciativa de la UGT y tiene el apoyo de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas al partido democristiano.
El Gobierno afirma que la movilización no le quita el sueño y que está seguro de que la mayoría de los trabajadores portugueses no apoyarán el paro, que tiene, según Cavaco Silva, "objetivos claramente políticos". La legislación laboral, que será votada el 14 de abril por el Parlamento de Lisboa, donde el Gobierno dispone de una confortable mayoría absoluta, corresponde, en opinión del Gobierno, a una necesidad: asegurar la competitividad de las empresas portuguesas en los mercados europeos y permitir la creación de puestos de trabajo para los 200.000 jóvenes que buscan actualmente un lugar en la vida económica activa.
Presiones políticas
Pese al optimismo oficial acerca del "fracaso de la manipulación laboral", el Gobierno ha hecho todo lo posible para desmovilizar la huelga y limitar sus efectos más visibles. Las empresas estatales de transporte público han sido obligadas a prestar servicios mínimos que incluyen el funcionamiento al 100% en las llamadas horas punta. Las fuertes presiones políticas sobre los sindicalistas socialdemócratas han provocado serias divergencias en el interior de la UGT que han dado origen a una profunda crisis en la dirección de la central, con dimisiones en serie. Sin embargo, se descarta una eventual ruptura en el interior de la dirección de la UGT, ya que los enfrentamientos no son entre a los sindicalistas socialistas y socialdemócratas, sino que dividen a estos últimos entre ellos.Según los observadores, la prueba de fuerza entre el movimiento sindical y el Gobierno tendrá efectos graves para ambas partes a medio plazo. Para las centrales sindicales, un eventual fracaso o un éxito limitado de la huelga puede acelerar el proceso de desmovilización de los trabajadores portugueses, ya que todos admiten que la legislación laboral ya no puede volver atrás. Para el Gobierno, la ruptura del pacto laboral y del diálogo con las centrales sindicales significa un mayor aislamiento frente a las presiones de las organizaciones patronales y de la derecha radical.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de marzo de 1988