VICTORINO R. DE AZÚA El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra dos leyes aprobadas en el Parlamento de Vitoria ha causado indignación en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que empieza a dudar de la credibilidad y el apoyo que reciben en Madrid los consejeros socialistas en el Gabinete de coalición presidido por José Antonio Ardanza.
Ambos proyectos de ley, el de creación del Tribunal Vasco de Cuentas y el de Asociaciones, habían sido consensuados por las dos formaciones coligadas en el Ejecutivo autónomo, el Partido Socialista de Euskadi (PSEPSOE) y el PNV.La actitud del Gobierno central ha sido calificada de "desagradable sorpresa en un tema muy serio" por el secretario de la Presidencia del Gobierno vasco, Jon Azúa (PNV), para quien resulta "preocupante" que la frecuencia de estos recursos no haya disminuido desde que en Vitoria entraron en el Ejecutivo los socialistas, hace más de un año. Según Azúa, el incremento del diálogo entre las dos administraciones y la creación de mecanismos de consulta y negociación como la comisión bilateral de ambos Ejecutivos, "no han servido para gran cosa, y habrá que revisar su funcionamiento o incluso su razón de ser". También habrá que reflexionar, según Azúa, sobre el propio Gabinete que preside Ardanza. "Los consejeros socialistas", afirma, "o no tienen apoyo bastante en Madrid o no están haciendo la presión suficiente".
El enrarecimiento de las relaciones entre los dos partidos del Gobierno vasco y las crecientes fricciones no son abordados todavía por el PNV en términos de crisis, al menos si se entiende ésta como inmediata ruptura del acuerdo de coalición. "Pero se están acumulando demasiados problemas y puede llegar a desbordarse el vaso", ha declarado Jon Azúa, que destacó como preocupante que con el Gabinete de coalición no se hayan reducido los recursos de la Administración central contra leyes de la comunidad autónoma.
Consensuadas
"Las dos leyes recurridas habían sido cuidadosamente analizadas por el Gobierno en su conjunto y consultados sus criterios con el Ejecutivo de Madrid", señaló Azúa. "El consejero de la Presidencia, Juan Ramón Guevara, se entrevistó el 19 de mayo en Madrid con el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y no fue informado de nada. Al día siguiente se recurría ante el Tribunal Constitucional una ley, y siete días más tarde, otra".
Los recursos piden la suspensión cautelar de la vigencia de los artículos impugnados. En la ley de creación del Tribunal Vasco de Cuentas, aprobada por unanimidad, el Gobierno central se opone a la extensión de sus competencias a las haciendas municipales, pese a la especifidad foral en el tratamiento de la Administración municipal, reconocida al País Vasco en la ley de Bases de Régimen Local. Respecto a la ley de Asociaciones, se pide la anulación de todas las referencias al ejercicio de derechos y libertades. La Administración central sostiene que la regulación de esta materia está reservada por la Constitución a las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
La oposición ante el Tribunal Constitucional a estas dos leyes viene a sumarse al creciente descontento del presidente del Gobierno autónomo, el peneuvista José Antonio Ardanza, por la falta de respuesta de Felipe González a su solicitud de cese del delegado del Ejecutivo central en Euskadi, Julen Elgorriaga, y del gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López. El lehendakari ha declarado que su carta a González merece una respuesta, aunque sea por cortesía, y ha advertido al mismo tiempo sobre el posible deterioro de las relaciones entre ambas administraciones si Elgorriaga continúa en su puesto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 1988