La comisión técnica hispano-estadounídense que negocia los aspectos relativos a la situación laboral de los trabajadores españoles de Torrejón no ha logrado hasta el momento aproximar sus posturas al respecto, debido fundamentalmente al rechazo de EE UU a sufragar las indemnizaciones que deberán ser entregadas a los empleados, según informan fuentes del Ministerio de Defensa. Los integrantes de la comisión tienen previsto reunirse hoy o mañana para intentar lograr un principio de acuerdo en ese terreno.El problema de los trabajadores españoles de Torrejón -unos 1.200- fue planteado en la mesa de negociaciones durante las reuniones que la citada comisión mantuvo en Washington el pasado mes de mayo. La parte española presentó sus propuestas al respecto, que incluían el pago, por parte de EE UU, de importantes indemnizaciones a los trabajadores que eventualmente perderán su empleo a raíz de la salida de Torrejón de los 72 aviones F-16. Sin embargo, los negociadores estadounidenses ni siquiera llegaron a responder, porque, en opinión de los españoles, estimaron que las propuestas eran "deniasiado duras".
La salida de los aviones de Torrejón supondrá la desaparición del 95% de los 1.200 puestos de traba o a lo largo de los tres años de que dispondrán los americanos para abandonar la base. El Ministerio de Defensa ha prometido a los afectados que prácticamente la totalidad de quienes pierdan su empleo tendrá otros puestos de trabajo alternativos en la Administración española.
En la actualidad, esos trabajadores tienen contratos laborales suscritos con el Ministerio de Defensa, pero son las autoridades americanas las que pagan los salarios, que son superiores en un 30%, como término medio, a los que reciben los trabajadores al servicio de la Administración.
Debido a esta cuestión, el Ministerio de Defensa pretende, en principio, rescindir todos los actuales contratos de esos 1.200 trabajadores y suscribir otros nuevos, pero bajo unas condiciones económicas equiparables a las de la Administración. Por ello, Defensa entiende que las indemnizaciones que deberán percibir los afectados tienen que ser sufragadas en gran parte por el Gobierno estadounidense.
Pese a las discrepancias existentes, entre los negociadores españoles se asegura que "existe un ambiente de gran colaboración" entre ambas partes y que confían en alcanzar un acuerdo de cuyo contenido informarán inmediatamente al Comité de Establecimiento de Actividades USAF (Fuerza Aérea de EE UU) en España, órgano de representación de los afectados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 1988