La solución para al este callejón en el que parecen haber entrado el Gobierno central y el de Canarias depende, según aprecian medios políticos de las Islas, de la modificación definitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, vigente desde 1972, para su adaptación a las normas comunitarias. La nueva ley del REF, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales (el Parlamento canario será previamente consultado), habrá de contemplar, según esas fuentes, un tributo alternativo a los actuales arbitrios para garantizar la financiación de las corporaciones locales.Con este fin, el secretario de Estado de Hacienda se trasladará a mediados de febrero a Canarias para tratar de "pacificar" el conflicto del desarme y sentar las bases del nuevo sistema impositivo canario.
En sectores políticos y económicos de Canarias se asiste actualmente a un nuevo debate sobre la participación en la CE.
Los empresarios agrícolas han pedido la plena integración (las Islas quedaron en 1986 fuera de las políticas agrícola y pesquera comunitaria y de la Unión Aduanera), mientras que los importadores se resisten a cambiar de situación. Una nueva corriente de opinión baraja la hipótesis de una "tercera vía", que permita el libre acceso de las exportaciones agrícolas sin entrar en la Unión Aduanera. El diputado liberal José Miguel Bravo de Laguna, ha pedido un referéndum sobre el problema.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de enero de 1989