España deberá reformar con amplítud su legislación civil y penal en los delitos relacionados con el narcotráfico antes de ratificar la Convención de 1988 de la ONU contra el tráfico de estupefacientes, según señaló ayer en Sevilla Francisco Ramos Galino, director de la División de Estupefacientes de Naciones Unidas. Ramos Galino explicó que los países que ratifiquen la convención "tendrán que adoptar legislaciones que permitan el decomiso de los bienes procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotropos, además de impedir que los detenidos por estos delitos puedan invocar el secreto bancario en casos relativos a dinero procedente del narcotráfico".
España firmó dicha convención en su nombre el 19 de diciembre pasado y en nombre de la CE el 8 de junio. La corivención establece que es obligatorio para los países que la ratifiquen la erradicación de los cultivos de plantas narcóticas y la eliminación de la demanda ilícita, adoptando programas de prevención de tratamientos, rehabilitación y reinserción social.
Ramos Galino agregó que "la cooperación entre los países" en la lucha contra el narcotráfico es el objetivo de la convención, "porque es más fluida la cooperación entre bandas de traficantes, que la que existe a nivel político entre sus gobiernos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de septiembre de 1989