Ángela Miquel, responsable de los Servicios Sociales, aseguró el sábado, al conocerse el informe de la comisión judicial que explicaba la pésima situación en que hallaron a 15 ancianas, que éstas estaban en perfecto estado de salud y que en el centro no se había detectado ninguna irregularidad. Estas afirmaciones se apoyaban en la inspección del centro que realizaron funcionarlos de su departamento que, por otra parte, no descubrieron el cobertizo. Miquel no puso en duda el resultado de la visita de sus inspectores y, en cambio, calificó de "precipitada" y "sin justificación" la decisión Judicial de trasladar a 15 ancianas. El lunes pasado un portavoz de su departamento regó que la dirección general hubiera recibido un mandamiento judicial de cierre.Al cabo de 24 horas, la postura de la Generalitat se ha modificado. En un comunicado emitido ayer por Servicios Sociales se acuerda abrir una investigación para conocer por qué los inspectores no detectaron el cobertizo y lo que allí ocurría. Ese mismo escrito hace referencia a la orden judicial del cierre de la residencia, oficio del que, según la versión anterior, no tenían conocimiento. Por último, el departamento retira las críticas a la acción del juez y afirma que se pone "a su disposición".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de septiembre de 1989