POCAS VECES el gesto de condenar se muestra más estéril que cuando la fuerza de los hechos obliga a la frecuente repetición. Ayer, los sicarios de la muerte volvieron a actuar. Esta vez, la víctima ha sido el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo Lage, escrupuloso representante de la ley y hombre de convicciones democráticas. No es la primera vez que los asesinos -sean de cualquiera de las ideologías extremistas- posibles- atentan contra un miembro de la justicia. El pasado 12 de septiembre, unos pistoleros de ETA asesinaban a la fiscal Carmen Tagle. La serenidad, compatible con el dolor, que demostraron entonces sus compañeros y la que demuestran ahora los del malherido Fernando de Mateo permite asegurar que estos repugnantes hechos sangrientos son, además, inútiles.Es evidente, y así se ha dicho hasta la saciedad, que los responsables de los atentados son quienes colocan las bombas o aprietan los gatillos. Ello no debe ocultar el terrible error que, al parecer, han cometido los responsables de la seguridad del presidente de la Audiencia Nacional, un hombre que en función de su cargo debía estar rigurosamente protegido por especialistas. Sucesos como el de ayer exigen una investigación y medidas que corrijan la excesiva confianza que puede adueñarse de unas fuerzas de seguridad sometidas a una continua tensión. Frente a la violencia asesina sólo se puede responder con la razón y con la ley, pero también con profesionalidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de febrero de 1990