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En busca de una "bobada"

Un alto cargo de la Diputación Regional de Cantabria es muy descriptivo al hablar de las controvertidas decisiones del anterior presidente: "A Juan Hormaechea, como a Al Capone, no se le podrá llevar a la cárcel por sus grandes irresponsabilidades económicas; en todo caso se le llevaría por una bobada".La comisión parlamentaria que investiga sus cuentas ha hecho públicas ya algunas conclusiones parciales, aunque sin escuchar aún a los acusados. He aquí las explicaciones de éstos, unas más convincentes que otras.

- Contrato de 25 millones para la empresa de una cuñada de Hormaechea: "Era la única que había en Cantabria que se dedicase a hacer encuestas".

- Adjudicación directa (a dedo) de obras por valor de unos 10.000 millones de pesetas, concentradas en determinadas empresas: "Eran trabajos para reformar o completar las obras concedidas por concurso, y se encargaron a las mismas empresas adjudicatarias".

- Adjudicación a una empresa de la instalación de carteles anunciadores de obras, por valor de 141.000 pesetas la unidad, cuando los servicios técnicos las presupuestaron a 87.000 (en total, 33 millones de diferencia): "Este precio implicaba que lo hicieran los propios servicios de la Diputación, con sus medios materiales y de transporte. Se adjudicó a una empresa para no disminuir estos efectivos de personal". (No obstante, en este punto los ex consejeros reconocen que siete vallas salieron más caras que la obra que anunciaban).

- Se hizo caso omiso de los informes del interventor contra esa operación: "En cambio, la dirección jurídica sí la consideró aceptable".

- Gastos de un millón de pesetas en un viaje de dos consejeros al Vaticano para la beatificación de dos santanderinos: "Fueron con sus esposas, y sólo los billetes de avión ya suman 500.000 pesetas".

- Gastos de 700.000 pesetas en un viaje de cuatro consejeros a Madrid. "Fue para firmar un importante crédito, y en esa factura se incluye el alquiler de los salones de un hotel para celebrar una recepción".

- Desaparición de 500 millones del Plan de Empleo. "Se destinaron a pagar la nómina de noviembre, porque hubo una errata en su consignación presupuestaria y hubo que echar mano de ellos".

- Se destinaron tres millones para insertos publicitarios de ataque a otros políticos. "Así ocurrió, en defensa de la Diputación".

Algunos miembros de la comisión investigadora, especialmente Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista), ven en estos puntos indicios claros de malversación y prevaricación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de enero de 1991