Decenas de miles de ancianos se desesperan ante la falta de respuesta de la Administración a sus peticiones de pensiones no contributivas, reguladas por una ley aprobada el pasado mes de enero. Ninguna de estas pensiones, que deberían beneficiar a unas 150.000 personas mayores de 65 años que nunca cotizaron a la Seguridad Social, ha sido concedida todavía.Las demoras se atribuyen a conflictos de competencias entre la Administración central y las autónomas. Sólo en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Galicia y Extremadura son más de 50.000 las personas afectadas por la deficiente aplicación de esta norma, para cuya difusión el Ministerio de Trabajo destinó 400 millones de pesetas.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de junio de 1991