Para lograr la activa solidaridad española, las tres potencias aliadas se movilizaron. El 5 de diciembre pasó discretamente por Madrid el embajador itinerante norteamericano para asuntos de terrorismo, Peter Burleygh. A continuación, el presidente del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y el director del Cesid recibieron el informe que recoge la investigación criminal llevada a cabo durante tres años por la policía escocesa y el FBI en 70 países, y que ha costado 2.150 millones de pesetas.Por si eso no bastase, sus homólogos anglosajones suministraron al Cesid informaciones fragmentarias sobre ventas de armas a ETA, procedentes de Sudán, gracias a una supuesta mediación Libia. El nuevo jefe del servicio secreto libio, el coronel Abdelkader el Dibri, desmintió la acusación.
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Dos semanas antes de que sus Gobiernos pasaron a la acción en la ONU, los representantes del Reino Unido, EE UU y Francia en Madrid se entrevistaron con el director de África en Exteriores, para pedirle el apoyo español.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de marzo de 1992