El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, defendió la urgencia y la necesidad del decreto ley que reforma el subsidio de desempleo en una intervención prudente y sin descalificaciones. El ministro reconoció las dificultades de que esa medida sea comprendida, pero afirmó que "merece la pena pasar este trago de hoy para dar viabilidad al sistema de prestaciones por desempleo".Martínez Noval aseguró que, si no se toman medidas, el gasto de coberturaíal desempleo subirá este año -hasta los dos billones de pesetas, cifra que multiplica por dos el gasto de hace sólo tres ejercicios.
El Gobierno ha desestimado otras soluciones porque no considera conveniente que las prestaciones contributivas de desempleo, que tuvieron un déficit de 276.000 millones de pesetas en 1991, deban ser financiadas con impuestos generales.
Estancamiento del empleo
El incremento del gasto de desempleo se ha producido, según el ministro, por un estancamiento de la población ocupada, que afecta a los ingresos del sistema de cobertura, y por un aumento de los beneficiarios del desempleo que incide, en el gasto.La causa fundamental expuesta por Martínez Noval de ese aumento de los beneficiarios del subsidio es la rotación de los trabajadores en el empleo temporal y en el paro. El ministro ofreció al Parlamento el siguiente dato para demostrar esa afirmación: en cinco años casi un millón de trabajadores ha entra do más -de cuatro -veces en el sistema de protección del desempleo. Por ello, y para disminuir esa rotación, el Gobierno ha procedido a incrementar desde seis meses a un año el contrato de fomento del empleo y confía en que la medida tenga unos efectos beneficiosos.
El ministro de Trabajo defendió ante el Parlamento el sistema español de protección por desempleo que soporta "muy bien la comparación con las prestaciones de la Comunidad Europa", ya que a él se destinó en 1991 el 3,18% del producto.interior bruto, una cifra superior a la devarios países comunitarios.
En declaraciones fuera del Parlamento, Martínez Noval dijo que no puede ignorar que "vivimos unas circunstancias en las que existen diferencias entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores, pero son diferencias normales, que no hay que dramatiza".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de mayo de 1992