El director general de Política Migratoria de la Junta de Andalucía, Rafael Cobos, aseguró ayer en Málaga que el Gobierno regional va a subvencionar a las organizaciones de apoyo al inmigrante para que puedan facilitar a éstos viviendas asequibles. Cobos destacó el incremento en un 175% de la partida presupuestaria de Asuntos Sociales para este colectivo.
El alto cargo andaluz cifra en unos 8.000 los inmigrantes ilegales en esa comunidad, cantidad que dista mucho de, los más de 30.000 que calculan UGT, Comisiones Obreras y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), aunque ésta última prefiere "no alarmar y ni que crean que hay una avalancha".
La ATIME y la asociación Jóvenes contra el Racismo en Europa (JRE) inauguraron la noche del pasado sábado su asentamiento en Andalucía. Ambas coincidieron en la urgencia de concienciar a la población española de la ola de xenofobia que azota a todo el continente, donde en Gran Bretaña se produce una agresión racista cada siete minutos y en Francia se han cometido en los últimos ocho años 200 crímenes contra magrebíes, según la JRE.
Beyouki Hamid, responsable de ATIME en España, explicó ante un auditorio de medio centenar de marroquíes que las causas de los abusos que sufren se deben a una ley de Extranjería "racista y que impide la integración social del inmigrante".
Hamid protestó porque "los permisos de, residencia por un año impiden la integración y facilitan la coacción de los empresarios de no renovar los contra tos". "Se habla mucho de inmigrantes ilegales, pero nada de contratos ilegales", puntualizó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de noviembre de 1992