La imagen de Juan Guerra sentado en el banquillo, primero, y la de un juez leyendo la sentencia, después, se volverá familiar durante 1993. El asistente pasará gran parte del próximo año sentado en el banquillo de los acusados. Juan Guerra será juzgado, absuelto o condenado por unos presuntos delitos a la vez que otras conductas irregulares siguen siendo investigadas en los juzgados de instrucción.
De hecho, y desde que hace ahora tres años Serafín Núñez, el alcalde socialista de Barbate (Cádiz), levantara la sospecha sobre Juan Guerra, el hermano del ex vicepresidente ha estado presente en casi la totalidad de las instancias judiciales andaluzas y en algunas de otras regiones.
El juez Ángel Márquez mantiene aún en instrucción cuatro de las ramificaciones de las diligencias previas 1527/90: la concesión irregular de máquinas tragaperras, la adjudicación de los servicios de hostelería en los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Jerez; la cesión de suelo público a la empresa Construcción Modular Andaluza (Comasa-2) y la utilización irregular de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Es aquí, precisamente, donde los partidos -Izquierda Unida y Partido Andalucista. (PA)- y los particulares -José María Ruiz Mateos- que ejercen la acusación particular tienen depositado el mayor interés. El juez Márquez envió recientemente a las partes los más de 14.000 folios de las actuaciones. Otros casos, Comasa-1, Litomed y Corral de la Parra, están ya pendientes de juicio.
Juan Guerra, durante el año que se avecina, será juzgado por los presuntos delitos de fraude fiscal, prevaricación, cohecho, falsedad en documento público, usurpación de funciones, estafa o maquinación para alterar el precio de las cosas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de diciembre de 1992