El Consejo de Ministros de hoy no lleva en su agenda el Plan Hidrológico Nacional (PHN) como estaba anunciado. El abultado temario de la Comisión de Subsecretarios del miércoles ha relegado una semana más su redacción definitiva y su tramitación al Consejo de Ministros. La principal discrepancia ha surgido en tomo al régimen económico y financiero de la gestión del agua. El Gobierno baraja la posibilidad de delegar en el Consejo Nacional del Agua la decisión sobre el modelo de canon a aplicar.
El corto espacio dedicado al PHN el miércoles sí sirvió para dejar encarrilada la cuestión económica, tema que había sido excluido en anteriores reuniones por las discrepancias de Industria y Economía. Industria se había hecho eco del recelo de las compañías eléctricas, alarmadas ante la posibilidad de que se les cobrara dos céntimos por metro cúbico del agua que turbinan, si se aplicaba el llamado canon de uso de agua.
Las eléctricas hicieron cálculos y amenazaron con repercutir en el recibo de la luz los 90.000 millones que les iba a suponer este canon en los diez primeros años del plan. Esta tasa se había concebido para gravar los beneficios de quienes explotan este recurso de dominio público, pero ha sido descartada.
El debate se centra en mejorar la eficacia de los canones de regulación y de vertido. "Cuando aborde una obra hidráulica debe pactarse previamente cómo va a repercutir su amortización sobre sus beneficiarios", afirma el secretario de Estado, Vicente Albero. Sobre el canon de vertido, están perfiladas las alternativas posibles: ¿es la Administración la que controla el vertido contaminante y sanciona al culpable? o ¿se cobra un canon universal con descuentos para quien demuestre que depura sus aguas usadas?.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de marzo de 1993