Unas 300 personas se concentraron ayer frente a la finca Espantaperros, formando una barrera con camiones y tractores, para impedir que varias excavadoras cumpliesen la orden de derribo decretada por el Ayuntamiento de Torres de la Alameda contra esta construcción. Las excavadoras se retiraron dos horas después sin cumplir su cometido, obligadas por un juez.
La Corporación torresana aprobó en pleno, con los votos de los siete concejales del PSOE, demoler lo que, según éstos, es una construcción ilegal. Una finca de regadío con 500 árboles, unos columpios, un garaje y una plataforma de ladrillo.
El propietario de esta finca, Guillermo Puebla, asegura que tiene una licencia de la comunidad para vallar su terreno, y que para urbanizarlo recibió una autorización verbal del anterior teniente de alcalde, en 1988.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de septiembre de 1993