En un sorpresivo fallo, el magistrado civil Marcos Libedinsky, designado por el Tribunal Supremo para investigar el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, confirmó ayer el sobreseimiento del proceso y la aplicación de la Ley de Amnistía, respaldando una decisión previa de la justicia militar. El abogado de la familia Soria anunció que apelará la resolución e interpondrá un recurso de inaplicabilidad de la Ley de Amnistía, mientras el Gobierno español expresó su decepción y señaló que agotará todas las vías "para que se haga justicia".
El juez Libedinsky estableció en 19 páginas que la actuación de la justicia militar en el caso es inobjetable y que no existen motivos para anular, el sobreseimiento, como había pedido la familia Soria. La resolución indica que se acreditó la participación en el crimen, en 1976, de una brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina, la policía secreta de la dictadura del general Augusto Pinochet), pero sin individualizar con precisión a quienes la integraron, los responsables del delito.El juez consideró válida la aplicación de la amnistía de 1978, que dictó el régimen militar, porque la investigación está agotada y la responsabilidad penal se encuentra extinguida. El magistrado envió la resolución en consulta a una sala del Tribunal Supremo, el cual deberá pronunciarse, aprobando, rechazando o modificando la actuación del magistrado.
El dictamen mostró que eran prematuras las esperanzas depositadas por los Gobiernos español y chileno y la familia Soria en Libedinsky, un juez que goza de prestigio por su actuación independiente en la dictadura. Después de la designación de este juez, el embajador de España en Chile, Pedro Bermejo, que había sido llamado a consultas a Madrid por el caso, retornó a Santiago de Chile.
"El fallo del ministro Libedinsky es una burla al Gobierno español", indicó Carmen Soria, hija del asesinado ex funcionario de la ONU y militante del Partido Comunista de España (PCE). Indicó Soria que el Gobierno chileno debe lograr que se respeten los tratados internacionales, impidiendo que se amnistíe el crimen de un funcionario internacional.
Al término de una reunión con el subsecretario del Interior, el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, declinó referirse a los fundamentos de la resolución y sostuvo que se debe esperar el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo.
El entusiasmo demostrado por el Gobierno español cuando fue nombrado Libedinsky se tornó ayer en "profunda decepción". Así calificó la decisión de la justicia civil chilena un portavoz de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores en Madrid. "Es indudablemente una mala noticia", reiteraron estas fuentes al subrayar que "no se entiende cómo se puede aplicar una amnistía sin un proceso que delimite las responsabilidades de los amnistiados
El Gobierno español, según estas fuentes, "agotará todas las vías para que se haga justicia a la familia Soria" y estudia con los asesores jurídicos de la familia la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo.
Más lacónica fue la reacción a la noticia de la viuda de Carmelo Soria, Laura González Vera: "Me parece normal", declaró a este diario en Madrid, al explicar que los responsables militares implicados en el secuestro de su marido, torturado hasta la muerte, "fueron ascendidos y, a la hora de pedir justicia, nos enfrentamos a las mismas caras".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de diciembre de 1993