El Tribunal Constitucional ha dado la razón a un representante electivo de un Centro de la Administración Militar de Granada sancionado por no comunicar a los trabajadores que dicha administración era contraria a un paro de cinco minutos. El paro fue convocado en febrero de 1991 por los sindicatos CC OO y UGT en protesta por la guerra del Golfo. El TC declara que la orden de comunicar la opinión de la dirección suponía "una injerencia ilícita en el ejercicio del derecho a la actividad sindical".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de mayo de 1994