La Administración española ha decidido denegar por un año y con posibilidad de prórroga cualquier solicitud de minas terrestres antipersonal. Esta resolución ha sido adoptada por la Junta Interministerial del Comercio Exterior del Material de Defensa y de Doble Uso.Según datos de la Cruz Roja, más de 100 millones de minas están sembradas por todo el mundo. Unas 800 personas mueren cada mes por la explosión de este tipo de artilugios y varios miles sufren graves heridas, incluso cuando ya han cesado las hostilidades.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de julio de 1994