El consejero de Educación y Cultura, Jaime Lissavetzky, anunció ayer la intención de la Comunidad de Madrid de promover "una ley de coordinación universitaria una vez asumidas las competencias de manera efectiva" en materia de enseñanza superior. La propuesta, hecha durante la celebración de la apertura del curso en la Universidad Carlos III, fue recibida con escepticismo por su rector, Gregorio Peces-Barba, quien indicó después: "Si conseguimos que nos coordinemos todas las universidades, y especialmente alguna, creo que deberíamos levantarle [al consejero] un monumento".
Jaime Lissavetzky explicó a EL PAÍS que "la ley de coordinación universitaria creará el consejo interuniversitario de la Comunidad de Madrid, donde estarán sentados los representantes de las universidades y de la Administración regional, y se verán desde una panorámica más global los problemas de las universidades". La Consejería de Educación está elaborando un plan estratégico para las universidades madrileñas, donde "se estudian, con un horizonte de 10 años, las inversiones que hay que realizar", explicó el consejero. Y añadió que se está adelantando trabajo para cuando la Comunidad obtenga las transferencias de la enseñanza superior, hecho que esperan se produzca el 1 de enero próximo.
Un poco incrédulo, el rector de la Carlos III se mostró favorable a la citada ley, aunque dijo: "Hasta ahora las universidades de Madrid hemos sido poco comunitarias Y Poco integradoras". No obstante, Peces-Barba incidió en el acto de apertura del curso 1994/95, celebrado en el Aula Magna del campus de Getafe (142.000 habitantes), en la necesidad de aprobar "una imprescindible ley de financiación de la universidad". En este sentido, el rector afirmó que "parece que las autoridades de Hacienda no consideran a la universidad como una inversión rentable y necesaria". Y expuso como "una prueba de ese punto de vista que un catedrático tiene una remuneración inferior a un juez".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de octubre de 1994