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LA CRISIS DE P. S. V.

El fiscal general del Estado pide al juez que aclare su decisión

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, hizo ayer un quiebro a su propia decisión de embargar los bienes de la cooperativa de viviendas PSV, de IGS y del sindicato UGT y dio un respiro a los cooperativistas al suspender por el periodo de un mes el citado embargo. La decisión, no obstante, queda condicionada a que los cooperativistas que se habían personado en la demanda retiren sus acciones civiles. El plazo concedido permite que se, segreguen las cooperativas, lo que supondría reducir la fianza y continuar, las viviendas. El juez de la suspensión de pagos, por su parte, calificó de "irreflexivo" a Moreiras por el auto y el fiscal general del Estado ha pedido a éste que aclare su auto.

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, decidirá hoy la presentación de un recurso de reforma contra el auto del juez Miguel Moreiras en el que se fijaba la fianza de 65.000 millones como responsabilidad civil en el caso PSV. Fuentes de la fiscalía de la Audiencia Nacional dieron por segura la presentación del recurso y subrayaron que su interés radica en conocer el alcance de la decisión de Moreiras y a si ésta paralizaría la construcción de las viviendas.La fiscalía pretende que el juez deje claro hasta qué punto su decisión podría afectar a la suspensión de pagos de PSV que tramita el juez de primera instancia número 63 de Madrid, José Antonio Enrech Salazar. La cuantía de la fianza no es considerada excesiva, habida cuenta del volumen del perjuicio causado.

Los abogados del ex gerente de PSV, Carlos Sotos, y de Paulino Barrabés presentarán hoy recurso de reforma contra el auto, del que critican el desconocimiento de los mecanismos de garantía que conlleva la suspensión de pagos. Según Miguel Bajo y Luz Almeida, la suspensión se encamina a salvaguardar a los cooperativistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de noviembre de 1994