Alfonso Martínez de la Hoz, el ex alcalde de Mancha Real (Jaén), ya ha pasado su primera noche en la cárcel. El ex militante socialista entró hacia las siete de la mañana de ayer en el recinto de seguridad del penal Jaén II acompañado por los otros siete vecinos procesados por el destrozo en 1991 de varias viviendas de la comunidad gitana. De esta forma se ejecutaba la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a Martínez a cuatro años, nueve meses y once días de prisión por ese delito, cometido tras la muerte del payo Ángel Arroyo en una discusión con un vecino de etnia gitana.El Tribunal Supremo consideró culpable a Martínez de haber encabezado la manifestación convocada para protestar por la muerte de Arroyo, y que terminó con el destrozo de las casas.
El director de Jaén II, Juan Pedro Puerto, explicó ayer que Martínez no se encontrará dentro del recinto con los acusados de la muerte de Arroyo. Una de las mayores preocupaciones de los ocho condenados por esos sucesos es precisamente el tener que compartir su tiempo de encarcelamiento con los miembros de la familia Romero, presos desde 1991. Al respecto,, Puerto matizó que el penal "es muy grande" y se cuidará de que los Romero no coincidan con los vecinos de Mancha Real en las zonas comunes. "No habrá problemas", aseguró.
Módulo, de ingresos
Martínez y los siete vecinos se encuentran ahora en el módulo de ingresos, pero tendrán que compartir en los próximos días las instalaciones carcelarias con el resto de los reclusos. Julio Romero, acusado de ser el autor material de la muerte de Arroyo, sigue también en Jaén II.
Los vecinos que ingresaron ayer junto a Martínez son: Sebastián Carreras, Miguel García, Blas Cañizares, Diego Casas, Custodio Olid, Francisco Ruiz y Gregorio Aguilar. Las penas que deben cumplir oscilan entre los dos y los diez años, dependiendo del grado de su participación en los hechos.
Los habitantes del pueblo jienense encajaron la noticia del encarcelamiento con normalidad. Después de la huelga general del miércoles pasado, que tuvo un seguimiento casi unánime, no se han vuelto a producir actos públicos de protesta. Ahora todos. están a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre este caso y la respuesta a la petición de indulto que han solicitado más de 103.000 vecinos de la localidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de noviembre de 1994