El artículo que publicó EL PAÍS el 6 de enero de 1995, titulado Dudas constitucionales y cuyo autor es Javier Pérez Royo, me suscita dudas sobre la defensa de mis derechos como ciudadano contra los excesos del Estado.Parto de una certeza propia, por la cual el fin último de la actuación del juez Garzón es aclarar si una parte del Estado financió con fondos reservados actuaciones delictivas contra la sociedad y así delimitar las responsabilidades que hubiera. A partir de aquí creo que no se puede defender constitucionalmente en cuanto a la escrupulosidad de las formas procesales de la misma manera a un ciudadano cualquiera que cuando éste es parte del Estado, al estar en un plano distinto en posibilidades de actuación. Aquí se me presenta una duda. ¿Qué derechos y cómo aplicar el principio de igualdad en el proceso penal cuando se procede contra un ciudadano que en el ejercicio de sus funciones y en calidad de funcionario público actúa presuntamente de manera delictiva?
Pienso, bajo estas circunstancias de afirmación y
duda, que la actuación del juez Garzón, aunque haya tenido posibilidad de obtener información sobre la conducta de dichos funcionarios al margen de la instrucción del sumario, no . se debería tildar de anticonstitucional.-
El Morell, Tarragona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de enero de 1995