El Gobierno español tiene que presentar en Bruselas un plan creíble para el sector naval con un margen de tiempo suficiente para que la Comisión Europea lo apruebe antes del 1 de enero de 1996, fecha en la que se empieza a aplicar.
Las autoridades comunitarias, una vez analicen el plan, dirán si aprueban las ayudas comprometidas, 180.000 millones de pesetas hasta finales del año 1998, la mitad destinadas a solucionar los problemas financieros y el resto para poner en marcha medidas de ajuste.
El sector de los astilleros está obligado a abandonar las pérdidas en el plazo de tres años, ya que a partir de 1999 España tiene que renunciar a las ayudas públicas en cumplimiento del acuerdo de la OCDE y Corea del año pasado. Las subvenciones públicas cubren ahora el 49% del coste de construcción de un buque.
Ese calendario condiciona las negoiaciones entre la Administración y los sindicatos, pero una y otra parte discrepan sobre la urgencia que existe en presentar el expediente de rescisión de contratos. Las centrales creen que hay margen de tiempo suficiente y que el plan puede llegar a Bruselas a finales del próximo mes de noviembre.
Fuentes de la Administración, en cambio, aseguran que los plazos y las discusiones estaban ya agotados. El compromiso alcanzado ayer por el ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Eguiagaray, y los líderes del metal de los sindicatos mayoritarios, puede hacer conciliables las dos posiciones.
El plan de ajuste del sector naval supone el cierre de las plantas de Cádiz y Sevilla y una reducción notable de las plantilla del resto de astilleros (hay nueve factorías en seis comunidades autónomas).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de septiembre de 1995