La sociedad Grand Tibidabo no ha depositado en el juzgado que instruye el caso De la Rosa los 25 millones que exigió el magistrado Joaquín Aguirre el pasado lunes, lo que podría suponer desobediencia judicial, según fuentes jurídicas. Esta cantidad es la indemnización que corresponde a Joan Cruells, expresidente de la sociedad y también inculpado en el caso De la Rosa, por su despido de la compañía tras ser detenido y acusado en octubre de 1994.El depósito del dinero en el juzgado fue solicitado por los abogados del propio Joan Cruells, que han interpretado como una desobediencia judicial, a pesar de no constar en ninguna resolución judicial, el hecho de que Grand Tíbidabo no haya entregado el dinero en el juzgado. El juez Aguirre citó el pasado lunes al representante legal de Grand Tibidabo para que en el plazo de un día depositase el dinero.
No obstante, según fuentes jurídicas de Grand Tibidabo, el depósito no se ha efectuado y han presentado alegaciones ante el juez para que no prospere la orden judicial. Cruells, que también fue director general en la compañía, poseía un contrato blindado en Grand Tibidabo, pero tras la, actuación judicial contra Javier de la Rosa, en octubre de 1994, fue relevado, de sus cargos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de marzo de 1996