El Gobierno pretende que las nuevas pensiones fruto del Pacto de Toledo sean realidad el próximo 1 de enero. La modificación prevista supondrá un endurecimiento en las condiciones de las futuras pensiones. Se endurecerán las condiciones, para el cálculo de la pensión: la base actual de los últimos ocho años cotizados aumentará progresivamente hasta situarse en 15. También se modificará el peso para el cálculo de la prestación de cada año cotizado, que disminuirá su aportación al cómputo global de lo que cobrará cada jubilado.
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El Consejo de Ministros analizó ayer un informe presentado por el titular de Trabajo, Javier Arenas, en el que se desarrolla el Pacto de Toledo. El documento recoge unas propuestas no definitivas, que se someterán al diálogo abierto en la ponencia parlamentaria, así como con patronal y sindicatos. Arenas precisó que el Gobierno "no tomará ninguna medida que previamente no haya sido discutida" y que "ninguna de las medidas afectarán a las actuales pensiones". Los futuros pensionistas, sin embargo, se verán pedudicados, dado que las condiciones para acceder a la prestación se endurecerán por dos vías. La primera es el aumento gradual del periodo para el cálculo de la base reguladora. Ahora, la pensión se calcula sobre las retribuciones de los últimos ocho años. Con las modificaciones, para el cálculo se tomarán en cuenta los últimos 15 años, lo que dará una cifra media inferior. El tránsito entre una y otra fórmula se hará escalonadamente, incrementado un año de cotización cada ejercicio presupuestario. En 1997, por tanto, el periodo de cálculo sería de nueve años.
La segunda vía consiste en reformar el peso que tiene cada año de cotización para fijar la pensión. Una de las hipótesis barajadas por el Gobierno indica que quienes hayan pagado a la Seguridad Social durante 15 años tendrán una pensión igual al 50% de la base reguladora.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de julio de 1996