La polémica por la expulsión de los 103 inmigrantes africanos está cerrada. Por lo menos por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El secretario general del Sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, anunció ayer que estudian retirar la denuncia interpuesta contra el Ministerio del Interior, decisión que se tomará en septiembre, tras la reunión de la Ejecutiva sindical.La medida se adoptó tras la comparecencia de Jaime Mayor Oreja el lunes en el Congreso para explicar el proceso de expulsión. Sánchez Fornet valoró la actitud del ministro y agradeció su "valentía" por admitir que se sedó a algunos de los inmigrantes y que la operación "no fue modélica". "Es una persona muy sensata que nos ha causado muy buena impresión. Era necesario alguien así", afirmó Sánchez Fornet, que mostró su confianza en que la polémica haya servido para que "no se vuelvan a producir operaciones semejantes en las que se maltrata a los inmigrantes y se pone en peligro la vida de los policías".La intención de la denuncia era, según afirmó el secretario sindical, mostrar el malestar por las condiciones en que se realizó la expulsión, y no desencadenar una "guerra política". Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), se criticó al SUP de haber trasladado una cuestión política al seno de la policía. El portavoz del ANPU, Florentino Díez, criticó también a los políticos por interesarse únicamente por la "situación de unos ilegales y no por las precarias condiciones en que trabajan los policías".Depurar responsabilidades
El anuncio de Mayor Oreja de que no se producirán destituciones por este caso ha producido reacciones en el SUP, donde se considera que deberían adoptarse medidas concretas, como el cese del gobernador civil de Málaga o del comisario provincial.
Desde el PSOE, la ex secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que lo más importante es que "se asuman responsabilidades políticas" y que, si una vez concluida la investigación aparecen "cosas más graves", Mayor Oreja cumpla su palabra de adoptar las medidas oportunas".
También desde los sindicatos UGT y CC OO se exige la depuración de responsabilidades. Francisco Soriano, responsable de Migraciones de CC OO, manifestó que las declaraciones del ministro no aclaran las responsabilidades de las personas que han llevado a cabo la operación; "quedan todavía muchas incógnitas sobre la no aplicación de la legislación en materia de extranjería", por lo que anunció que reiterarán al fiscal general del Estado que continúe sus trabajos para aclarar la situación. Desde UGT se acusó a Mayor Oreja de "negligente e irresponsable", si se demuestra que fue ajeno a la forma de actuar en la operación, donde "se violaron de forma considerable los derechos humanos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de julio de 1996