El Gobierno de José María Aznar parece condenado a hacer todo lo contrario de cuanto defiende en la teoría. El último ejemplo es el sector del carbón. La doctrina de liberalización se ha convertido en mayores dosis de intervencionismo. Según datos todavía reservados, las decisiones energéticas tomadas en 1996 redundarán en un aumento de la intervención pública, que costará al Estado unos 80.000 millones de pesetas más cada año. Hasta 1995, la intervención del Estado en la minería del carbón le costaba al Presupuesto, vía tarifa eléctrica, 150.000 millones anuales.
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, Las decisiones del Gobierno suponen un aumento del intervencionismo en la minería del carbón e implican un mayor coste anual para el erario público de 81.615 millones de pesetas. Esta cantidad debe sumarse al coste de subvención registrado hasta ahora, evaluado en unos 150.000 millones al año.Uno de los factores de aumento radica en las variaciones de producción garantizada de carbón nacional, es decir, en los cupos. El Estado subvenciono el año pasado 161.500 toneladas de carbón y permutó 190.000 toneladas, es decir, cambió subvención de 3.000 pesetas tonelada extraída a cielo abierto por subvención de 6.000 pesetas tonelada de producción subterránea. Por aumento de cupos, el coste para el Presupuesto aumentó 1.615 millones de pesetas.
El aumento de cupos y subvenciones ha beneficiado a conocidos empresarios de la minería privada. En Asturias, el aumento de ayudas anuales por producción garantizada fue de 465 millones, destinados a la empresa CARBONAR, propiedad de Efrén Pires, ex presidente de la cadena radiofónica COPE.
En la cuenca minera leonesa, el aumento ha beneficiado a Hullera Vasco Leonesa y Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Ambas percibirán 1.332 millones más. Hullera es propiedad de Antonio del Valle, cuñado de Carlos Arias Navarro. MSP pertenece al empresario Victorino Alonso.
Por el contrario, ENDESA (cuenca de Teruel) y ENCASUR (Córdoba), empresas de titularidad pública, han visto disminuidos los cupos en 58.000 y 25.000 toneladas, respectivamente, lo cual equivale a un recorte en las subvenciones de 382 millones. La diferencia de tratamiento a empresas públicas y privadas se justifica, según fuentes oficiales, por "la mayor rentabilidad de las privadas".Además, el Protocolo Eléctrico (acuerdo entre la mayoría de las compañías del sector y el Ministerio de Industria sobre tarifas e introducción de la competencia) prevé el pago de un incentivo al consumo de carbón nacional, cuya instrumentación costará unos 30.000 millones anuales a partir de 1998. La mpliación de las condiciones de prejubilación, que cuesta en torno a 10 millones por cada trabajador que se acoja. a los nuevos sistemas pactados con los sindicatos, supondrá un coste adicional de unos 5.000 millones.
Hay que añadir un coste anual estimado de unos 45.000 millones de pesetas, que se deriva de la aplicación de las nuevas directrices de política energética en la explotación unificada del sistema eléctrico, plasmadas en una resolución del Ministerio de Industria fechada el pasado 27 de diciembre.Dicha resolución, que no se ha hecho pública, implica que el sistema eléctrico subordinará la producción de electricidad hidraúlica y nuclear, las más baratas, a la generada con carbón. El texto establece que el objetivo principal es reducir los stocks de carbón.
El crecimiento de la intervención en la minería del carbón y el encarecimiento de esta política son "circunstancias coyunturales", según aducen fuentes del Gobierno. El aumento de los costes se mantendrá, al menos, en los próximos dos años.
El secretario de Estado de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, consiguió en sus negociaciones con los sindicatos que a partir del año 2000 el volumen de generación eléctrica mediante carbón descienda al 15%, desde el 30% de la producción total que representa, ahora.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 1997