LA ARBITRARIEDAD del Gobierno de Aznar al legislar para dañar a una empresa concreta, en vez de gobernar con arreglo al interés general, produce una inquietud generalizada. Pues estamos ante un tentativa de golpe contra las libertades. El ciudadano no debe llamarse a engaño, pese a la manipulación informativa a la que TVE le somete a diario: con el decreto-ley publicado ayer en el BOE, este Gobierno intervencionista y autoritario está intentando paralizar el desarrollo de una empresa privada, Canal Satélite Digital, y poner todo tipo de trabas al proyecto empresarial que lo sustenta.Es el cuidado a la independencia y las libertades políticas y comerciales el que nos impulsa a alertar sobre la gravedad de la situación creada. Esperamos, no obstante, que finalmente prevalecerá la sensatez y el derecho desde los pilares que siempre hemos defendido: la Constitución y el ordenamiento europeo. Es lástima que diez años después del ingreso de España en la Comunidad Europea aún tengamos que lanzar un suspiro de alivio, porque esperamos que esta pertenencia evite las arbitrariedades que contiene un decretazo gubernamental que viola reglas básicas comunitarias de la competencia y del libre mercado.
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El lanzamiento esta semana de la primera plataforma de televisión digital vía satélite en España debería haber sido motivo de gozo para todos. Desde luego para los ciudadanos, que tendrán así la posibilidad de ver multiplicada la oferta televisiva, en términos de calidad y cantidad. Pero también debería serlo para un Gobiemo que creyera en sus empresas y fuera consciente del esfuerzo y el éxito que representa estar entre los primeros países europeos que pueden comercializar un sistema de esta naturaleza. Pero a lo que se ve por el decreto-ley de ayer, han preferido continuar en la obsesión de dañar al enemigo que sumarse al bien común.
El BOE publicó ayer toda una serie de trabas a la comercialización de Canal Satélite Digital y en general a la televisión de pago. A nadie puede engañar el pretexto de que se legisla para todas las plataformas de televisión digital por satélite, porque es obvio y evidente que sólo existe una, cuyos socios, privados, han invertido ya muchos miles de millones en un proyecto difícil y que requerirá notables desembolsos.
El uso del decreto-ley, que la Constitución sólo justifica "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", indica la deriva autoritaria de este Gobierno. Pero también de la imposibilidad de saltarse, tal y como pretendió la semana pasada, todos los mecanismos de control de que se ha dotado un Estado de derecho para protegerse de las arbitrariedades gubernamentales. Porque el primer intento del Gobierno fue usar la vía del decreto, puro y duro. Ahora, cuando menos, se ha visto obligado a confrontar este texto en el Parlamento, donde el Partido Popular tendrá que explicar sus razones y los restantes grupos políticos las suyas. Será interesante comprobar cómo justifica un Gobierno que tanto ánimo liberalizador prometió un decreto tan intervencionista, tan alejado de su programa... y del de sus socios parlamentarios.
Porque el intervencionismo del decreto-ley es más que evidente: introduce una subida del IVA en estas materias respecto de lo que recogían los Presupuestos del Estado, aprobados hace pocas semanas, en contra de las promesas del Gobierno de reducir los impuestos. Y el Ministerio de Fomento y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, nombrada por el Gobierno, se atribuyen competencias de todo tipo, al tiempo que no duda en meterse en el jardín técnico de los descodificadores. Insiste el Gobierno, una vez más, en intentar legislar sobre algo que no debe hacerlo. Diga Fomento si no valen los descodificadores que ahora se utilizan, con todas las homologaciones pertinentes europeas, en Francia, Bélgica o Italia. Y si no, que diga y explique cuál quiere, porque otros no existen. Esperemos que el debate parlamentario aporte nuevas luces y rectificaciones a lo que es un cúmulo de errores, despropósitos y abusos, que se volverán en contra de toda plataforma digital que aspire a emitir, incluso la que el Gobierno pretende poner en pie.
Pero en lo inmediato, éstas son disposiciones encaminadas a hacer daño a Sogecable, la empresa que explota Canal Satélite Digital. El único sentido que parece desprenderse del decreto es el recurso a la amenaza: utilicemos el BOE para obligar al contrario a doblegarse a los deseos de La Moncloa. Porque la anunciada plataforma del Gobierno, impulsada por Telefónica y Televisa -¿también explicará el Gobierno en el Parlamento su obsesión por favorecer a este grupo mexicano?-, aún no ha invertido una sola peseta en ningún sitio, y nadie sabe cuál es su plan de negocio, el producto que va ofrecer y el descodificador que utilizará. El Gobierno ha querido cambiar las reglas del juego cuando éste ya había empezado y la resolución de la guerra de los derechos del fútbol había aportado paz. Y su arbitrariedad ha generado en numerosos ámbitos empresariales y financieros, e incluso políticos, una clara sensación de inseguridad. Hoy le toca a la televisión de pago. ¿Y mañana? Que a estas alturas haya que velar por la preservación de las libertades más esenciales no parece, desgraciadamente, que sea un progreso. En cambio, sí es un deber evitar que la llamada por Aznar segunda transición se convierta en una nueva regresión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de febrero de 1997