El pasado octubre, Juan José Martínez Zato, jefe de la Inspección Fiscal, fue enviado a investigar por qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional empezaba a ser conocida como la de los indomables, dada la frecuencia de las sublevaciones de un grupo de fiscales contra su jefe, José Aranda. Seis meses después, con Aranda defenestrado, la única propuesta severa de sanción, el traslado forzoso de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, sigue sin ser acordada por el Gobierno.Pregunta. ¿Qué acciones concretas detectó la inspección que justificasen todo este revuelo?
Respuesta. Yo creo que ha trascendido todo al exterior Aparte del funcionamiento en sí de la fiscalía en el control de los asuntos, se detectaron irregularidades por la presencia de personas extrañas que elaboraban proyectos de calificación en causas de terrorismo y asuntos económicos, hacían los resúmenes que llevan los fiscales al juicio, etcétera. En ningún caso se puede justificar la presencia de personas ajenas a la fiscalía en esa labor, exclusivamente reservada a los fiscales. También hubo una investigación al margen del sumario por parte de otros dos fiscales. Encontramos, además, numerosos escritos cruzados entre el jefe y algunos de los fiscales sin el respeto debido al superior jerárquico y en los que se denotaban unas desavenencias muy serias. La inspección solicitó el traslado para cuatro fiscales.
P. ¿Cuáles fueron los casos de "acritud y excesos" de Márquez de Prado que llevaron al fiscal general Ortiz Úrculo a proponer su traslado forzoso?
R. Son varios los que hay, y yo no quisiera revelar nada del informe de la inspección, pero sí, eso está recogido en el informe tanto por lo que se refiere al fiscal jefe como por lo que se refiere a los tribunales, o algunos jueces y alguna de las salas.
P. Por ejemplo, ¿con el juez Manuel García-Castellón?
R. Así se ha publicado.
P. ¿Y con la Sección Segunda de lo Penal?
R. Sí, sí. Todo eso se ha publicado, y no puedo negarlo porque responde a la realidad.
P. ¿E incluso con los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo?
R. Sí, también.
P. Tras la inspección en la Audiencia usted anunció al fiscal del Estado una "profunda crisis de consecuencias incalculables". A la luz de los acontecimientos de los últimos cuatro meses, ¿no teme haberse quedado corto?
R. Corto, no. Lo que pasa es que los hechos, yo creo que lamentablemente, los estamos viviendo estos días. En esa fiscalía se ha abierto una crisis profunda y o se toman medidas de carácter inmediato o va a tardar mucho tiempo en cicatrizar. Eso no es bueno para la propia fiscalía, para la Audiencia Nacional, y tampoco es bueno para el ministerio fiscal.
P. ¿Qué opina la carrera fiscal?
R. En estos momentos, la impresión generalizada es que aquí hay un auténtico pulso. Un pulso a sabiendas de lo que piensa la carrera fiscal, un pulso al Consejo Fiscal y al propio fiscal general del Estado. Y creo que eso no es aceptable, ni en la fiscalía de la Audiencia Nacional ni en ninguna otra. Eso no se puede admitir, teniendo en cuenta los principios por los que se rige y en los que se inspira el ministerio fiscal.
P. La inspección detectó "insubordinación", "indisciplina", "faltas de respeto" y "ocultación al fiscal jefe de datos de gran trascendencia". ¿Cree usted que' en alguna otra institución o en la empresa privada todo esto se hubiera liquidado con multas de 50.000 pesetas?
R. Hombre, son multas contempladas en un estatuto del año 1981, que está anticuado. Hace 16 años, las 50.000 pesetas tenían más importancia que ahora. Yo pedí la apertura de los expedientes por "falta muy grave", sin decir qué sanción tendría que corresponder, y el fiscal general así lo acordó. Y después los instructores califican también por falta "muy grave". Pero el fiscal general estima que no está acreditada la desobediencia y después entiende que no merece una calificación tan dura, y de ahí las 50.000 pesetas. La cantidad, efectivamente, es ridícula.
P. Algún sancionado la comparó a una multa de tráfico...
R. Se ha equiparado, como si fuera una gracia, a una multa de tráfico. Yo, como cualquiera que conduce, he sido sancionado con multas de tráfico, que he satisfecho, y de ahí no pasa la cosa. Ahora bien, ser sancionado en el ejercicio de la función como autor de una falta grave, a mí, desde luego, me preocuparía. Pero tampoco le doy la mayor importancia; se cumple la sanción, y nada más. No supone ningún prejuicio sobre esa persona que, como tal, me merece el mayor respeto. Yo también valoro la actuación que a lo largo de muchos años han hecho los fiscales de la Audiencia Nacional. Pero si en un momento dado se detectan unas irregularidades, habrá que cumplir las sanciones.
P. El Gobierno parece haber establecido una especie de protectorado sobre este grupo de fiscales. ¿Podría haber razones que aconsejen al PP dejar tranquilos a los fiscales y jueces estrella de la Audiencia Nacional, tan activos cuando investigaban a Gobiernos anteriores?
R. No lo sé, a mí se me escapa todo esto y yo quiero creer en la buena fe de todo el mundo. Se pueden hacer muchas lecturas y cada cual puede sacar su conclusión. Pero yo creo que sería un grave error, un craso error, no tener en cuenta la opinión unánime de todos los miembros del ministerio fiscal, río tener en cuenta al Consejo Fiscal y no tener en cuenta al fiscal general del Estado. Y, ¡ojo!, que con eso no quiero decir que nosotros, los fiscales, nos convirtamos de pronto en un grupo de presión o en un poder de facto. El ministerio fiscal ni es un poder ni debe de serlo. Pero sí me parecería un error no ser sensible a lo que realmente se piensa en estos momentos en todo el ministerio fiscal, porque hay un acuerdo unánime. No son voces de uno u otro sector, es que hay un acuerdo entre las asociaciones fiscales que dejan al margen sus diferencias.
P. El fiscal. del Estado dijo ante el Rey que no habría "cotos de inmunidad" en la acción de la justicia. Sin embargo, él no abre todos los expedientes que propone la inspección, reduce a una decima parte las sanciones propuestas por los instructores y se opone al traslado forzoso del fiscal Ignacio Gordillo. ¿Eso no es inmunidad?
R. Me merecen respeto todas las personas, incluidos los fiscales expedientados, y valoro todo lo que se ha hecho en esa fiscalía. Estoy seguro de que esos fiscales, en lo sucesivo, seguirán siendo valiosos para el ministerio fiscal y para la sociedad española. Ahora bien, la utilización de calificativos como, por ejemplo, el de los indomables hace un flaco favor a esos fiscales, que debieran ser los primeros interesados en rechazarlo. Porque de admitirlo así podría significar que hay otros fiscales que se dejan domar. ¿Por quién y para qué? Pues no lo sé. Y de seguir así podríamos encontrarnos mañana en una Fiscalía con los intocables, en otra con los insumisos, en otra con los ingobernables, y así sucesivamente. A mí esto no me parece serio. Creo que es un agravio para el resto de los compañeros y perjudica a esos propios fiscales.
P. Pero la fiscalía de la Audiencia Nacional no se agota en los indomables...
R. Desde hace dos años, da la impresión de que ésa era una fiscalía compuesta por un jefe y cuatro fiscales, y en realidad son diez los que trabajan allí. Los otros cinco hacen una gran labor defendiendo el Estado de derecho, cumplen con sus obligaciones y son respetuosos con los principios por los que se rige el ministerio fiscal.
P. Entre ellos, el principio de imparcialidad en las actuaciones. Ante el cúmulo de desavenencias entre un grupo de fiscales y su jefe, ¿es equitativo defenestrar al jefe y decir que muerto el perro se acabó la rabia?
R. Yo no lo enfoco así, y no quiero reavivar la polémica del cese del fiscal Aranda. Sólo una persona tan caballerosa como él ha sido capaz de soportar las críticas y expresiones que se han vertido contra él por algunas personas y en algunos medios. Pero ésa era una facultad del fiscal del Estado que yo no discuto. Ahora bien, si desde esos sectores de opinión se quiere hacer cargar toda la responsabilidad de lo que pasaba en esa Fiscalía sobre la persona de José Aranda, a mí me parece que no es fiel reflejo de la realidad. Desde esos sectores se ha dicho que era necesario el cese fulminante de José Aranda porque era un submarino del PSOE en la Audiencia Nacional. Eso, además de no responder a la realidad , es muy grave, porque parece estarse animando a que cuando los socialistas recuperen el poder se dediquen a cazar supuestos submarinos populares, con lo cual estaríamos en una batalla naval que ríase usted de la de Trafalgar.
P. ¿Conoce usted algún precedente de que algún fiscal amenace con peticiones corporativas de traslado, o que una fiscalía recabe firmas de apoyo contra la sanción a un funcionario?
R. No, hombre, aquí no hay precedentes de nada, porque todo lo que está ocurriendo es inédito en toda la historia del ministerio fiscal. Precedentes de este tipo no hay, ni de ningún otro. Todo lo que está ocurriendo es anómalo, raro, extraño... Cualquier fiscal está en su perfecto derecho a pedir el traslado cuando lo considere oportuno; lo que ocurre es que eso se hace en silencio, no anunciándolo.
P. El jefe en funciones, Fungairiño, al estar sancionado, ¿puede ser candidato a jefe definitivo?
R. Eso es algo que tiene que decidir el Consejo Fiscal. Él tiene perfecto derecho a solicitar la jefatura. Pero creo que ante la crisis abierta en la fiscalía de la Audiencia Nacional, el nuevo jefe, para desempeñar bien sus funciones, no debe haber tenido relación alguna con esa fiscalía.
P. ¿Y qué opina de los otros dos candidatos?
R. Es digno de agradecer su gesto de que en estos momentos se brinden para poder ser jefe de esa fiscalía, a donde hay que ir para imponer paz, orden y disciplina, porque el oficio lo conocen todos perfectamente. Javier Cebrián Badía es un buen fiscal, lo ha acreditado durante su paso por la fiscalía del Tribunal Supremo; creo que es un hombre templado, que tiene buenas cualidades. Mariano Fernández Bermejo es un candidato muy idóneo porque lo ha acreditado durante toda su trayectoria profesional, dirige perfectamente la fiscalía de Madrid, que tiene a su cargo 150 fiscales, y ejerce muy bien su autoridad. Los dos candidatos me parecen idóneos y mi voto, lo reservo, naturalmente, para el Consejo Fiscal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de mayo de 1997