El exilio cubano en Miami y su aliados en el Congreso de EE UU se han lanzado a una ofensiva a gran escala contra el acuerdo alcanzado el pasado abril entre el Gobierno de Bill Clinton y la Unión Europea (UE) para suavizar algunos aspectos de la le Helms-Burton. Los exiliados y su aliados pretenden que, por el contrario, el Congreso comience a aprobar de inmediato un nuevo paquete de medidas que endurecen esa ley."La Unión Europea debe comprender que no puede pactar nada nuestras espaldas", proclama lleana Ros-Lehtinen, de origen cubano y congresista republicana por Florida. Hace un mes, Ros-Lehtinen le dijo a José María Aznar que la UE no debe esperar que el Congreso, cuyas dos cámara dominan los republicanos, apruebe las correcciones a los títulos tercero y cuarto de la Helms-Burton que pactó con los representantes de Clinton a cambio de suspender la denuncia ante la Organización Mundial de Comercio.
En un desafío a ese acuerdo, el Congreso va a estudiar una decena de propuestas. El senador demócrata Robert Torricelli planea presentar un proyecto de ley según el cual las empresas extranjeras que usen propiedades norteamericanas confiscadas en Cuba serán responsables ante la Administración fiscal por los impuestos no pagados en EE UU desde la expropiación por los propietarios originales. Según Torricelli, las compañías que tenían propiedades en Cuba han dejado de pagar 2.000 millones de dólares (alrededor de 290.000 millones de pesetas) en impuestos desde la llegada de Castro al poder.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 1997