EL ACUERDO salarial firmado por la Agencia Industrial del Estado (AIE) -la sociedad que agrupa a las empresas públicas con pérdidas- y los sindicatos es inconsecuente y de difícil justificación ante otros trabajadores públicos que han visto congelados sus salarios. El sacrificio va por barrios, y si a los funcionarios se les impone el crecimiento cero de sus salarios (y ahora se niega que haya un compromiso de subírselos el próximo ejercicio en un porcentaje equivalente al IPC), no parece lógico que a los trabajadores de empresas públicas en pérdidas se les garanticen incrementos de hasta el 90% del IPC previsto en función de la productividad, un indicador claramente discutible.La congelación salarial de los funcionarios puede ser discutible, pero no se entiende que el criterio general se rompa con argumentos tales como la especificidad laboral de los trabajadores de las empresas públicas frente a los funcionarios. En un marco de austeridad presupuestaría -un imperativo que tiene el objetivo de formar parte de la moneda común europea- cualquier discriminación es un gesto indefendible. Si la congelación de los funcionarlos, ridiculizada por este acuerdo, era tan importante para reducir el déficit a las condiciones de Maastricht, no hay ahora argumentos para explicar el incremento del que van a disfrutar los trabajadores de las empresas de la AlE.
El acuerdo explicita la incapacidad de este Gobierno para negociar con firmeza los intereses económicos que atañen a todos los ciudadanos. No se critica la subida en sí, sino la desigualdad con que son tratados unos y otros trabajadores del sector público, que tienen al Estado como patrón. ¿Tendrá que ver esta diferencia con el distinto grado de presión sindical que unos y otros pueden ejercer? La respuesta la tiene un Ejecutivo cada vez más manso ante los poderosos y más intimidatorio ante los débiles.
Estamos, sin duda, ante un mal paso de los responsables de las empresas públicas. Sus directivos deberían explicar públicamente las razones del acuerdo. Quizá así los ciudadanos podamos entender esa discriminación de trato, tan frecuente en otros campos de actuación de este Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 1997