Los operadores de televisión tendrán un año para llegar a acuerdos sobre los derechos del fútbol y adaptar sus contratos a la futura ley de retransmisiones deportivas. En caso contrario, un consejo formado por directivos de federaciones deportivas y ligas profesionales, representantes de medios de comunicación, asociaciones de usuarios, y autoridades deportivas gubernativas de ámbito estatal y autonómico, elevará un informe preceptivo al Gobierno sobre lo que deba hacerse.Así consta en dos enmiendas a la ley del fútbol propuestas ayer en el Senado, en el último día de plazo para su presentación, por Izquierda Unida y el PNV. El PP, como ya se comprometió durante la tramitación del proyecto en el Congreso y ayer mismo reconoció a este periódico su diputado Fernando Fernández de Trocóniz, apoyará una transaccional entre ambas enmiendas.
La enmienda de IU dice así: "Las modificaciones contractuales que pudieran derivarse de la aplicación de esta ley, en relación con los derechos de emisión y retransmisión previamente negociados, precisarán de acuerdos entre las partes implicadas sin que en ningún caso pueda el Estado (sic) asumir directa o indirectamente la compensación de perjuicios económicos transcurrido el tiempo previsto. Si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente Ley no se alcanzaran acuerdos según lo previsto en esta Disposición Transitoria, el Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas en el plazo de seis meses elevará informe preceptivo al Gobierno y a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, sobre la adecuación de la situación a la nueva legislación y efectuará de oficio las oportunas recomendaciones a los respectivos titulares de los derechos".
El texto presentado por PNV es similar al de IU, si bien con una matización final relevante. El Grupo Vasco apunta que si el informe del Consejo para las Emisiones "contrastase la falta de adaptación de los contratos a lo establecido en la Ley", todos aquellos acuerdos para las emisiones en pago por visión suscritos con anterioridad seguirán en vigor en dos supuestos: a) "Si se procede a su adaptación a los contenidos del informe"; y b) "si es posible su interpretación conforme a los contenidos del informe en orden a favorecer la apertura de los mercados, evitar posiciones estables de dominio, permitir la incorporación de nuevos operadores, asegurar el pluralismo y el máximo respeto a los intereses de los usuarios".
Veto socialista
Por su parte, el PSOE ha presentado 14 enmiendas y un veto al proyecto de ley. Los socialistas justifican su petición de veto al considerar que el proyecto "vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica por su carácter retroactivo". Para el PSOE, la ley es "inoportuna", ya que "las instituciones comunitarias están en fase de ultimar el derecho aplicable". Entre sus enmiendas figura limitar a un máximo de tres minutos las imágenes que libremente podrán captar en los recintos deportivos todos los operadores. El PNV también ha presentado una enmienda similar.
PSOE y PNV también son partidarios de que el catálogo de los acontecimientos que no se podrán codificar sea elaborado por el Consejo de las Emisiones Deportivas cada año y no cada seis meses como establece el proyecto de ley.
Entre las cuatro enmiendas del PNV consta su intención de que los acontecimientos en los que participen selecciones deportivas de las comunidades autónomas sean declaradas de interés general.
La Mesa de Portavoces de la Comisión Constitucional del Senado aprobó ayer 12 comparecencias sobre esta ley para el próximo lunes. Entre ellas, las de Amadeo Petitbó, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Manuel Campo Vidal, presidente de Audiovisual Sport; y Eugenio Galdón, presidente de Cableuropa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 1997