Cuando las instituciones públicas deciden de espaldas al pueblo, cosa harto corriente, y se les reprocha que pudieran estar obrando contra los intereses de la mayoría, suelen ampararse en los votos que les otorga parte de la ciudadanía cada cuatro años, como si fuesen una carta de libertad para hacer lo que se les antoje durante dicho periodo. Eso, entre muchas otras cosas, es lo que ha venido haciendo el Gobierno canario con la decisión de permitir la instalación de la lanzadera espacial en Canarias, concretamente en El Hierro.No contaban sus ilustres señorías con la frontal oposición que se iban a encontrar en todo el archipiélago, que, de momento, ha dado lugar a la manifestación de 20.000 personas, la más multitudinaria que se recuerda en la década. Ahora que el Ejecutivo sabe qué pensamos los canarios sobre su resolución, planea, como decimos por acá, echarle el muerto a una comisión de técnicos creada al efecto.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de julio de 1997