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Editorial:

Las minas de Diana

LA PRINCESA de Gales se había comprometido personalmente en una campaña para la prohibición total de las minas antipersonas, que la llevó a Angola y Bosnia. Su muerte en accidente ha coincidido, a modo de trágico homenaje, con la apertura ayer en Oslo de una conferencia internacional sobre estas mortíferas armas que ignoran la condición -niño, mujer u hombre, combatiente o no- del que tiene la desgracia de posar su pie encima. Estas minas, de las que se calcula que hay 110 millones enterradas en el mundo, mutilan o matan a una persona cada 20 minutos, según la Cruz Roja. Son baratas y fáciles de diseminar, pero muy caras de localizar y desactivar. Por eso, hay que prohibirlas.Hasta ahora los intentos internacionales han resultado insuficientes. En 1996, 55 países suscribieron un protocolo al Convenio de la ONU sobre Armas Convencionales de 1980 que obliga a equipar estas armas con mecanismos de autodesactivación y autodestrucción. Pero la única solución coherente es la prohibición total del uso, almacenamiento, fabricación y exportación de éstas y otras armas similares. Para lograrlo, Canadá abrió hace un año, con algunos Estados más, el proceso que habría de desembocar, tras la conferencia de Oslo, en un Tratado que debería firmarse en diciembre para prohibir la fabricación de estas armas a partir del 2000. No será fácil, ni necesariamente efectivo, al no participar China ni Rusia, dos de los principales fabricantes de estas minas. EE UU, reticente a estar en la reunión de Oslo, cambió de actitud hace unas semanas, quizá con la esperanza de frenar una prohibición total que no desea y plantear una excepción para el uso de esas armas en la zona de separación entre las dos Coreas.

Sin embargo, la corriente de opinión -que Diana también impulsó- está a favor de la prohibición total. Bélgica y el Gobierno laborista de Tony Blair han dado pasos decisivos en este sentido. En España, donde está en vigor desde marzo de 1996 una moratoria indefinida a la exportación de estas minas antipersonas, el Congreso pidió al Gobierno por unanimidad una propuesta de ley para su prohibición total. La reunión de Oslo es una ocasión para que el Gobierno de Aznar dé pruebas contundentes de que no tiene ninguna reticencia al respecto.

Pero no basta con la prohibición. Es necesario dedicar fondos y tecnología para la búsqueda y supresión de las que ya están activas. Al ritmo actual -100.000 al año- se tardaría más de un milenio en eliminar las ya las plantadas, sin contar los 20 millones de nuevas minas que se colocan cada año. El éxito de Oslo daría un significado real al minuto de silencio que se guardó ayer en memoria de la princesa fallecida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de septiembre de 1997