CiU, el PSC e IC-EV, las tres formaciones que han pactado la ley de política lingüística junto con el PI, creen que el dictamen del Consejo Consultivo sobre esta norma no cuestiona sus aspectos fundamentales y "no desautoriza" su contenido. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se mostró ayer convencido de la "constitucionalidad" de la ley, pese a la existencia de algunas reservas expresadas por el Consultivo. La actitud contrasta con la beligerancia del PP, cuyo líder en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, no dudó en reclamar la retirada del proyecto.El presidente del PP de Cataluña, Alberto Fernández Díaz, pidió ayer a CiU y al PSC que reflexionen sobre la posibilidad de retirar el proyecto de la ley del catalán tras el dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat. Este dictamen afirma que el proyecto "se adecua" a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, excepto en nueve preceptos que afectan al uso de esta lengua en los documentos públicos, la administración del Estado y la rotulación de comercios.
Fernández Díaz señaló: "El dictamen refuerza nuestros planteamientos, contrarios a la ley, y debería hacer reflexionar a CIU y al PSC sobre su alcance e incluso sobre la necesidad de continuar su tramitación". "Después de este dictamen", añadió, "es evidente que la ley no puede continuar de la misma forma en que estaba planteada".
En la línea opuesta, el portavoz parlamentario de CiU, Ramon Camp, valoró el dictamen y destacó que las advertencias no afectan a los "ejes principales" de la norma, como el estatuto jurídico de lengua propia, la capacidad de regulación en el ámbito socioeconómico o el sistema de inmersión en primaria.
El presidente del Grupo Socialista, Joaquim Nadal, también cree que el dictamen "no desautoriza" el contenido de la ley, pero defendió la necesidad de que "se incorporen" las recomendaciones del Consejo Consultivo para "ajustar el texto a las advertencias y evitar posibles riesgos". El portavoz de IC-EV en el Parlament, Jordi Guillot, coincidió con Nadal.
Josep Bargalló, de ERC, partido que rechaza la ley, afirmó que si se comprobara que hay algún aspecto inconstitucional en el texto, las fuerzas políticas catalanas deberían plantear la modificación de la Constitución" dado que, a su juicio, la ley es únicamente "un acuerdo de míninos". El presidente del PI, Ángel Colom, declinó comentar el contenido del dictamen argumentando que no lo conoce. Sin embargo, Colom arremetió contra el voto particular de Francesc de Carreras, miembro del Consejo Consultivo y promotor de la plataforma Foro Babel, que ha criticado con dureza la ley del catalán. Colom dijo que "debe dejar el foro o el Consejo Consultivo". Jordi Pujol, por su parte, también pasó por alto el voto de Carreras ya que, dijo, si él no se hubiera opuesto, habría resultado contradictorio con su actitud en los pasados meses.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de diciembre de 1997