El Gobierno regional aprobó en septiembre pasado un decreto para dar salida a las miles de peticiones de nuevas farmacias que se acumulan en las dependencias de la Consejería de Sanidad. El decreto, que avanzaba algunas de las líneas generales de la ley, rebajó los requisitos para abrir una farmacia. Antes sólo podía haber una botica en núcleos urbanos con 4.000 vecinos. Ahora bastan 2.800. Esta reducción abrió hueco para 140 nuevos establecimientos.
Cuando se hizo público este decreto, miles de farmacéuticos presentaron sus peticiones: cerca de 29.000 solicitudes. La Consejería de Sanidad, a la vista de la avalancha de peticiones, decidió recordarles a los peticionarios que debían abonar 75.000 pesetas por cada solicitud. Éstas se redujeron entonces a sólo 3.600. De esta manera, la Consejería de Hacienda ha ingresado, sin mover un dedo, 270 millones.
Los expedientes de adjudicación de las boticas no se resolverán hasta abril o mayo. En ese momento se sabrá quiénes son los adjudicatarios de los nuevos establecimientos sanitarios.
Pero los farmacéuticos sin empleo temen que, con los actuales baremos, que priman a los boticarios con trabajo sobre los parados, volverán a llevárselas los de siempre: los que tienen ya farmacia y tienen dinero para comprar otra. La nueva ley intentará que, por una vez, ganen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 1998