Los inspectores de la Comunidad de Madrid visitaron a las 11.00 horas del viernes la estación de servicio Cerro de La Cabaña, en el kilómetro 7,100 de la autovía Madrid-Valencia.
Al contrario que "el martes anterior, cuando los funcionarios autonómicos se limitaron a una revisión meramente superficial de dicha gasolinera (medición del combustible expedido y comprobación del precinto oficial), la inspección del viernes fue en teoría profunda: la Administración madrileña buscaba el mecanismo de manipulación presuntamente oculto en el interior de los surtidores.
Los enviados por la dirección regional de Industria hicieron hasta 18 mediciones de tres postes expendedores de gasolina y los abrieron para revisarlos por dentro. Al cabo de una hora aproximada de trabajo, el jefe de la Sección de Metrología y Laboratorios de la Comunidad de Madrid, Juan Grima Benzal, firmó el correspondiente informe: todas las mediciones habían dado un error de 0 y "todos los precintos reglamentarios inspeccionados estaban en perfecto estado".
Sólo 12 horas después de que la Administración certificara que la gasolinera de Cerro de la Cabaña no presentaba ninguna irregularidad, la juez Ana Revuelta, a petición de la fiscalía de Madrid, ordenaba, el viernes por la noche, su clausura inmediata con carácter cautelar.
La juez basó su decisión en un acta que la policía había levantado el jueves por la noche -víspera de la inspección administrativa-, asesorada por un técnico de la empresa Cetil, fabricante de surtidores.
En Cerro de la Cabaña, igual que en otras dos gasolineras cerradas por la juez, los policías descubrieron un cable que iba desde los surtidores hasta un interruptor oculto a la vista del público. Accionando este interruptor se activaba el mecanismo para alterar los impulsos transmitidos desde el emisor hasta el contador, de forma que éste reflejase una cantidad mayor de gasolina a la realmente suministrada.
¿Cómo es posible que los inspectores de la Administración no viesen el cableado fraudulento que descubrió la policía? En la Comunidad de Madrid sólo encuentran una explicación: que tuviesen la "mala suerte" de revisar justo los postes que estaban bien.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 1998