La guerra del aceite, planteada por el Gobierno como una confrontación entre España y la Comisión Europea, puede acabar convirtiéndose en una guerra civil Detrás del alboroto nacional en defensa del olivar palpitan tensiones de todo tipo. Desde rivalidades Gobierno-oposición hasta intereses opuestos entre comunidades autónomas o entre comarcas. Pero los llamamientos a la unidad patria han abortado cualquier posibilidad de que en España se reflexione con serenidad sobre los verdaderos peligros de la reforma propuesta por el comisario de Agricultura, Franz Fischler, caricaturizado como un Satán teutón empeñado en hundir el olivar hispano. Técnicos del Ministerio de Agricultura reconocen que el problema para España no es que las ayudas se basen en la producción o en el árbol. El verdadero problema es que la Comisión da por buenas las producciones declaradas por Italia -que el sector olivarero español considera hinchadas- y en cambio no tiene en cuenta que las producciones españolas de los últimos años no reflejan la realidad, porque están distorsionadas a la baja por la sequía y porque aún no habían entrado en rendimiento las miles de hectáreas plantadas en los últimos años, que han empezado a producir cosecha en 1997.
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Pros y contras
Esos mismos técnicos admiten que los olivares españoles no son mucho más productivos que los italianos, por lo que la ayuda al árbol sería beneficiosa si el censo utilizado para repartirla fuera más realista. La ayuda al árbol no sólo no sería perjudicial en ese caso sino que es considerada más social que la ayuda a la producción, porque sitúa al mismo nivel de subvención a los productores de la sierra (con olivares de bajo rendimiento y que utilizan mucha mano de obra) que a los productores de llano, que están más mecanizados y emplean menos mano de obra. La propuesta inicial de Fischler permitía, precisamente, que cada Estado pudiera modular el reparto de ayudas para primar más a los productores que más empleo generan y beneficiar menos a los grandes productores mecanizados.Nada de eso ha aparecido en el debate público suscitado en España. "En la Mesa del Aceite los grandes han llevado al huerto a los perdedores", afirma Luis Atienza, ex ministro de Agricultura, del PSOE. "Los del sector más productivo han conseguido hacer reivindicación única" arrastrando a CC OO y a UGT",añade.
El comisario Fischler ha planteado la reforma con dos objetivos fundamentales: acabar con el fraude y empezar a implantar en el sector el tipo de ayudas que apadrina la Organización Mundial de Comercio (OMC). Es decir, subvencionar las rentas agrícolas, pero no la producción. España tiene buenos argumentos para no sentirse aludida por ninguno de esos dos conceptos, pero en lugar de plantearlos con sensatez y diplomacia, la fogosa ministra de Agricultura "ha preferido subirse a la moto, bandera nacional en ristre, al grito de 'a mí, que los arraso', y plantear una batalla esteril contra el comisario, cuando en realidad esta es una guerra hispano-italiana", en palabras de Atienza.
Los españoles sostienen que el fraude es un problema italiano, no español, pero la virulencia del Gobierno contra Fischler y la discreción italiana hacen pensar en Bruselas que si España tanto grita es porque algo le duele. Pero lo que le duele es el dinero, no el fraude.
El fraude viene generado por los pequeños productores, que cobran ayudas a tanto alzado, al margen de su producción real, por lo que venden parte de su aceite a los grandes productores y el resultado es que Bruselas acaba pagando dos veces una ayuda comunitaria por el mismo aceite, una al pequeño productor y otra al grande. España tiene un argumento estadísticamente muy válido para sacarse de encima esa acusación. Sólo el 7% de su aceite procede de pequeños productores, mientras que en el caso italiano un tercio de la producción tiene ese origen, según el Ministerio de Agricultura. Matemáticamente, Italia tiene entre cuatro y cinco veces más posibilidades que España de defraudar.
El argumento de que la reforma viene a adaptar el olivar a las reglas de la OMC tampoco se sostiene demasiado. El aceite de oliva representa sólo entre el 3% y el 4% de consumo de grasas en todo el mundo, por lo que su incidencia en el mercado mundial es muy escasa y no plantea ninguna urgencia la adaptación de las ayudas públicas a la nueva reglamentación comercial internacional.
Pero en España se ha cantado victoria antes de tiempo cuando se creyó que le daba toda la razón el 'informe Jové' del Parlamento Europeo, que recomienda una reforma basada en tres patas: mantener la ayuda al árbol, elevar a 1,8 millones de toneladas la cantidad máxima garantizada de cosecha subvencionable (situada en la actualidad en 1,3 millones) y repartir esas ayudas por cuotas nacionales.
Por un lado, ese dictamen no es jurídicamente vinculante y nadie en Bruselas cree realista que la Comisión acepte aumentar un 40% las ayudas al olivar. Y menos aún que el Consejo de Ministros acepte esa propuesta. Y por otro lado, el dictamen avala el otro gran peligro para España, las cuotas nacionales.
En la actualidad hay una sola cuota comunitaria. Si se sobrepasa la producción subvencionable, las ayudas se reducen para todos los productores europeos por igual. Con cuotas nacionales, cada palo ha de aguantar su vela. Cada país tendría una cuota de producción y si la supera las ayudas se reducen sólo para sus productores. Es una mala solución para España porque es el país más amenazado por altibajos en sus cosechas y porque es donde hay más perspectivas de crecimiento, sobre todo si no se reconoce su producción real media, actual. La única forma de paliar ese efecto es aumentar en lo posible la cantidad máxima garantizada, como pide el Parlamento, y que la cuota asignada a cada país refleje de verdad su potencial aceitero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 1998