La decisión del Ministerio del Interior de complementar la protección de la Ertzaintza a los ediles del PP con servicios de contravigilancia ha originado una escalada de tensión sin precedentes entre el Gobierno de la nación y sus socios del Ejecutivo de Vitoria. El Gobierno decidió ayer mantener el dispositivo policial por entender que no invade competencias autónomicas y acusó al PNV de haber comenzado ya la campaña para las elecciones del 25 de octubre. El lehendakari, José Antonio Ardanza, acusó al Gobierno central de deslealtad y de extralimitarse en sus funciones por la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado.
La fiscal jefe de la Audiencia de Guadalajara, María Angeles García García, ha remitido un escrito al fiscal general del Estado en el que acusa al presidente de la Diputación, y senador del PP, Francisco Tomey, y al interventor de esta institución, José Villalgordo, como presuntos autores de la ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas en el presupuesto, que falsearon con artificios contables. La fiscal actuó tras una denuncia presentada en junio de 1997 por Jesús Alique, diputado y portavoz del grupo socialista, en la oposición, y tras confirmar que la denuncia no era para buscar el "desgaste y descrédito del adversario político".
Afganistán sufrió el miércoles un devastador terremoto que, según las primeras estimaciones, puede haber provocado cerca de 4.000 muertos y dejado sin hogar a unas 15.000 personas. "Los supervivientes están a la intemperie, con unas temperaturas de tres grados bajo cero durante el día y de diez grados bajo cero por la noche", decía ayer un fax de auxilio enviado al vecino Tayikistán.
